El Tesoro de EE.UU. desembarca en la BPA andorrana
Una delegación de la oficina antiblanqueo estadounidense verifica el control de operaciones
Una delegación de la oficina contra el blanqueo de capitales dependiente del Tesoro norteamericano viajó ayer a Andorra para verificar el sistema de control de operaciones de la Banca Privada d’Andorra.
La banca sana critica que el Govern pida recursos al sector para el nuevo fondo de reestructuraciones
Una delegación de la Financial Crimes Enforcement Network (Fincen), oficina contra el blanqueo de capitales dependiente del Tesoro de Estados Unidos, se desplazó ayer a Andorra para verificar in situ el nuevo sistema de control de operaciones de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Desde el pasado fin de semana, BPA ha pergeñado una operativa para que cada una de las transacciones que se realicen en el banco intervenido sea auditada por el Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) y PwC, firma de servicios profesionales que cuenta con un equipo potente en prevención de blanqueo de capitales y que goza de la confianza de la Fincen. La idea es que el nuevo mecanismo de control se ponga en marcha inmediatamente.
La delegación estadounidense se reunió ayer con altos cargos del INAF y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra y validaron el procedimiento, que permite realizar operaciones con las debidas garantías en lo que se refiere a los ordenantes y los receptores de los fondos. “El restablecimiento de la normalidad es clave para estabilizar el banco y dejar de sufrir por la liquidez”, comentaron ayer fuentes conocedoras de la situación. La BPA trata de recuperar la operativa con bancos como Societé Générale y BBVA.
En paralelo, el Govern prosigue con las negociaciones para contar cuanto antes con una ley de medidas urgentes sobre reestructuración y resolución de entidades bancarias. El borrador de esta norma, para la que el Ejecutivo ha contado con el asesoramiento de Garrigues, se presentó ayer por la tarde a la banca y los partidos de la oposición. Como adelantó La Vanguardia, se trata de crear un marco legal que permita lidiar con la crisis de la BPA –y otras que pudieran producirse en el futuro–, tanto si va a la liquidación, como parece probable, como si se reestructura y es asu- mida por uno o varios bancos del país. El punto más discutido del borrador sigue siendo el de quién corre con los gastos de este proceso, además del afectado, claro.
El Govern, aplicando las recomendaciones de Bruselas, quiere que sea el sector a través del futuro Fons Andorrà de Reestructuració i Resolució d’Entitats Bancàries. El fondo se nutrirá con recursos de todas las entidades andorranas –Crèdit Andorrà, Andbanc, Mora Banc y Banc Sabadell d’Andorra– en proporción a su peso en el sistema. Pero, al menos por ahora, los bancos se oponen a aportar dinero al entender que debe ser BPA o los accionistas que copaban su consejo de administración (en alusión a la familia Cierco) los que asuman hasta la última consecuencia de las malas praxis de la entidad. Con o sin acuerdo, el Ejecutivo espera anunciar la nueva ley en breve.