Los valores solidarios
Rafael Nadal escribe sobre los derechos en el Estado de bienestar y su relación con la ideología: “En el terreno de las políticas sociales hay un grupo de decisiones que depende claramente de los resultados electorales, como la extensión o la contracción de las políticas asistenciales y de los servicios universales y gratuitos de salud, educación, cultura o apoyo a la dependencia”.
La irrupción fulgurante de nuevos partidos políticos y la proliferación de plataformas más o menos unitarias a favor de una profunda transformación de las ciudades está facilitando la incorporación al debate político de propuestas sociales que eran patrimonio exclusivo de opciones radicales o minoritarias. En Catalunya el arraigo de las plataformas alternativas ha facilitado la circulación y la popularización transversal de algunas de estas iniciativas, seguramente muy difíciles de aplicar pero todavía más de despreciar, porque en el contexto dramático de la crisis resulta difícil cuestionar cualquier medida que pueda paliar sus efectos más dolorosos.
Entre las propuestas que asoman en el debate mediático destacan las diferentes modalidades de Renta Garantizada de Ciudadanía. Una iniciativa legislativa popular con el aval de más de 120.000 firmas entró meses atrás una propuesta en el Parlament, que aprobó un acuerdo unánime de los partidos considerado prioritario el debate de la renta garantizada. La versión más radical de la medida (la Renta Universal) figuraba en el primer programa electoral de Podemos y ha recuperado protagonismo desde que el periodista Josep Cuní la puso a debate en 8tv, después de entrevistar a Daniel Raventós, un histórico entre los partidarios de la universalización de la renta.
Para quienes consideran que la crisis no se ha debatido con honestidad (ni en el origen, ni en el tratamiento, ni en las hipótesis de salida), la apertura del debate público hacia nuevas propuestas sociales resultaba imprescindible. El dramatismo de un paro por encima del veinte por ciento y la injusticia del reparto de los costes de la crisis justifican el debate de políticas excepcionales. Que las entidades sociales que trabajan con los colectivos más débiles sean partidarias de extender estas medidas también debería estimular la reflexión; en definitiva, las entidades han suplido con éxito a las administraciones –la europea, la española y la catalana–, que en los peores momentos de la crisis han abandonado a sectores enteros de la sociedad.
En relación con los aspectos más técnicos, en el mundo académico hay estudios a favor y en contra de la renta garantizada: sobre el coste de la prestación; sobre su influencia en el consumo, en los precios y en el conjunto de la economía; sobre la eficacia real de la sustitución de varias prestaciones por una sola, o sobre la reducción de costes de control que supondría la universalización de la medida.
Pero el debate también presenta déficits alarmantes. Hay una escasa voluntad pedagógica sobre la articulación de las me- didas de solidaridad colectiva y sobre la redistribución de la riqueza. Hace tiempo que se ha abandonado la reflexión y la pedagogía sobre el propio funcionamiento de la sociedad como sujeto político. Una discusión previa imprescindible para el rearme moral de la ciudadanía y para la defensa del espacio colectivo.
Los derechos materiales y los derechos sociales (más allá del contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) son aspiraciones colectivas que sólo pueden satisfacerse a partir de pactos entre los integrantes de las sociedades. Para hacerse reales necesitan ser definidos, cultivados y defendidos a través de la acción política. Algunos movimientos consideran las medidas de redistribución de la riqueza como derechos de nacimiento y su aplicación como bienes obtenidos por gracia divina; resulta paradójico que la iz- quierda atribuya un origen sobrenatural a lo que no es más que el resultado de la estricta lucha política.
En el terreno de las políticas sociales hay un grupo de decisiones que depende claramente de los resultados electorales, como la extensión o la contracción de las políticas asistenciales y de los servicios universales y gratuitos de salud, educación, cultura o apoyo a la dependencia. Pero también hay todo un conjunto de mecanismos de redistribución y de solidaridad que derivan de acuerdos más o menos consolidados entre los miembros de una sociedad determinada, que un día pactaron dotarse de una caja común de solidaridad.
Las pensiones, el subsidio de paro y la seguridad social pertenecen al grupo de prestaciones que se confunden con derechos inmutables, aunque se trata de pactos que podrían desaparecer con la misma facilidad con que fueron acordados. Los ciudadanos ponen recursos en la caja común en función de su capacidad y los retiran cuando se quedan sin trabajo, se ponen enfermos o se jubilan. Una hipotética renta universal garantizada formaría parte de este grupo. Si se quieren más prestaciones habrá que dotar de más fondos la caja. Así de sencillo y complejo es el sistema de derechos del que se dotaron las sociedades europeas después de la Segunda Guerra.
De manera que para tener derechos hay que integrarse antes en el pacto social. Hay que suscribirlo, hay que contribuir a sostenerlo y hay que protegerlo activamente. Hace falta esforzarse y destinar parte de los réditos de cada uno a las reservas del plan de contingencias colectivo. Hay que cuidar de la gestión de los recursos, hay que evitar el robo o el abuso, y hay que debatir las prioridades. A la salida de la crisis, tan grave sería cruzarse de brazos y dejar sin respuesta el drama de miles de excluidos, como evitar el debate a fondo sobre un sistema de solidaridad pública que, como siempre, no pagarán los ricos, sino los asalariados y las clases medias. Sin esta sociedad fuerte y comprometida, todos los derechos serían palabras vacías.