El Síndic de Comptes pide más margen para fiscalizar entidades
Amat alerta de que se están generando duplicidades en el control de la Generalitat
El control del uso del dinero público ha pasado en estos años de crisis económica de ser una demanda social a una exigencia. Pero todavía perviven viejas inercias y normativas que dificultan la fiscalización. En ese contexto, el Síndic de Comptes, Jaume Amat, alertó ayer en el Parlament de las trabas con las que se topa y reclamó “optimizar los recursos” y gozar de un mayor margen para poder decidir qué entidades auditar cada año.
Amat expuso que una de las dificultades es la obligación por ley de dedicar más del 50% de sus recursos a auditar anualmente los organismos con un presupuesto superior a los 150 millones, lo que a la práctica limita los movimientos de la Sindicatura y propicia que haya otras entidades menores a las que nunca se les audita las cuentas.
Se da la circunstancia, además, que estas entidades auditadas anualmente por su presupuesto en la mayoría de los casos ya son fiscalizadas por empresas privadas o por la Intervención Ge- neral de la Generalitat, por lo que la Sindicatura de Comptes acaba duplicando el trabajo.
Por este motivo, y consciente de que en los últimos años se ha criticado la lentitud y eficacia de la Sindicatura, consideró urgente modificar la ley de Finances Públiques de Catalunya para que la Sindicatura no se vea obligada a fiscalizar esta treintena de organismos cada año y pueda ampliar su campo de acción bajo su criterio. Entre las entidades auditadas anualmente hay empresas públicas como Infraestructuras. cat, Institut Català de Finances (ICF), Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat), hospitales y universidades de mayor presupuesto.
Otra de las reclamaciones que planteó Amat ante la Cámara catalana fue la de “una cuenta consolidada de todo el sector público”, con especial atención a las entidades del sector no administrativo, como son las empresas públicas y las entidades autónomas de carácter comercial, industrial o financiero. El Síndic planteó estas demandas en la presentación del informe de la cuenta general de la Generalitat 2012, en el que se destaca “la delicada situación de la Generalitat a 31 de diciembre de 2012”. El dictamen de la Sindicatura destaca que la Generalitat vio como la deuda viva consolidada aumentaba de los 35.543 millones de euros en 2011 a los 42.311, un 20,40% más que en el ejercicio anterior. Además, la deuda a largo plazo pasó de 24.972 millones a 35.864, mientras que el endeudamiento a corto plazo bajó de 10.571 millones a 6.447.
El informe en uno de sus puntos sale en apoyo del proceso soberanista y considera “necesaria” la construcción de “estructuras de Estado indispensables para tener un nuevo Estado al servicio de los servicios sociales”.
La Sindicatura sale en apoyo del proceso y considera “necesarias” las “estructuras de Estado”