Acusado de adulterar carne del Pirineo para alargar su caducidad
Alargar la vida de la carne para ser más competitivo en el mercado. Es la equivocada estrategia del responsable de un matadero del Alt Urgell que ahora se enfrenta a una petición de cárcel de hasta tres años por adulterar con aditivos prohibidos diferentes productos cárnicos para retrasar la fecha de caducidad. Pero lo más grave de esta imputación es que el fraude alimentario, según sostiene la Fiscalía de Lleida, se cometió con una carne ofertada como saludable y de gran calidad (Bruneta) al venderse bajo una indicación geográfica protegida (IGP) en el paquete de Ternera de los Pirineos Catalanes. Entrar esa IGP implica el cumplimiento de unas estrictas normas entre ganaderos y empresa comercializadora que garanticen la calidad de esa carne. Esa cadena de confianza quedó, sin embargo, rota en este caso al actuar por libre el gerente del matadero Mafriseu del Alt Urgell, encargado del envasado y comercialización de ese producto cárnico.
Una denuncia anónima remitida a Mossos advertía del uso, en esas instalaciones del Alt Urgell, de un gas prohibido que puede incluso, sostiene la Fiscalía, causar daños en la salud. En la inspección a ese matadero, ubicado en Castellciutat, se descubrió en la sala de envasado una máquina mezcladora de gases con una botella de CO (monóxido de carbono) conectada al dispositivo. Ese aditivo está prohibido en la industria alimentaria.
La Fiscalía presume que ese monóxido de carbono fue inyectado en al menos 400.000 envases de esos productos cárnicos protegidos por una IGP, distribuidos por 140 municipios de Catalunya, Aragón y Valencia.
La inyección del aditivo prohibido a la carne permitía a este dis- tribuidor alargar hasta quince días la fecha de caducidad del producto. Una ventaja ante los competidores, pues el comprador disponía de más días para su venta. El monóxido de carbono, recoge la Fiscalía en su investigación, “enmascara los signos visuales de deterioro microbiológico y la presencia de microorganismos patógenos”. El matadero, que sigue funcionando, ha rebajado a once días el periodo de caducidad desde que no utiliza ese gas. Cabe destacar que los ganaderos que producen la carne de la marca Bruneta desconocían esta práctica y sorprende que ninguno de los controles de la Generalitat –que es la que otorgó la IPG– detectara antes el presunto fraude alimentario.
El gerente de un matadero del Alt Urgell se enfrenta a 3 años de cárcel por usar un gas prohibido