La oposición tumba los últimos proyectos de Trias
Cinco actuaciones de gran calado no verán la luz este mandato ante la falta de apoyos
A sesenta y cinco días de las elecciones municipales, todos los grupos políticos buscan marcar perfil propio. La comisión de Hábitat Urbano, la última del mandato, no iba a ser una excepción y ante la falta de apoyos políticos el equipo de gobierno se vio obligado a retirar cinco proyectos que estaban en el orden del día.
Ayer el Ayuntamiento presentaba una avalancha de actuaciones. Algunas de ellas se habían retrasado en el tiempo con la esperanza de poder aprobarlos definitivamente antes de final de mandato. No lo tenía fácil y en la co- misión se puso de manifiesto que en estos últimos meses el alcalde Xavier Trias gobierna de nuevo claramente en minoría. Los grupos de la oposición, y en particular PP y PSC –antiguos aliados de CiU en la aprobación de inversiones durante este mandato– han puesto en marcha sus estrategias electorales y no están dispuestos a ser condescendientes a estas al- turas. Por ello lograron paralizar seis actuaciones de gran calado. Un revolcón en toda regla para el área que dirige el tercer teniente de alcalde, Antoni Vives, que tuvo que retirar uno de los planes estrella del mandato. La regulación de los apartamentos turísticos, un tema reclamado sobre todo por entidades vecinales y el sector del turismo, no ha conseguido en su recta final el visto bueno de los grupos de la oposición. También se han paralizado la modificación del plan especial para el barrio de Les Planes, la instalación de una macrotienda de H&M en el paseo de Gràcia, la explanada de los museos de Montjuïc y el expediente de contrata- ción de los servicios de gestión energética de 122 edificios municipales. También se votó en contra de la ampliación de presupuesto de la remodelación de la Diagonal.
Al margen de la retirada de estas actuaciones, la expresión más escuchadas en la comisión fue “reserva de voto”. La voluntad de la mayoría de los grupos es ocul- tar sus cartas antes del último pleno, el próximo viernes.
La paralización de la regulación de los apartamentos turísticos es especialmente grave. El conato de revuelta vecinal del pasado verano en la Barceloneta a causa de esta actividad fue una muestra clara de la conflictividad que provocan los pisos que funcionan al margen de la legalidad. El proyecto para crear una normativa fue presentado por el popular Alberto Fernández tras llegar a uno de los muchos acuerdos que ha habido a lo largo de estos cuatro años entre CiU y PP. La intención era poner orden en un sec-
tor que ha crecido exponencialmente en estos últimos años y, en muchas ocasiones, bajo formas completamente ilegales. La suspensión de licencias para abrir nuevos pisos ampliada a Barcelona se mantendrá hasta mayo de 2016 –la moratoria tenía una duración de dos años– y el gobierno que salga tras las elecciones deberá ser quien regule el sector.
Tras la comisión, Alberto Fernández acusó a Xavier Trias de querer lavar su pésima gestión con los pisos turísticos con un “plan precipitado”. En este sentido, reclamó más inspectores –una exigencia que estaba en el pacto que suscribió con CiU– para luchar contra los alojamientos que propician el incivismo. También consideró discriminatorio que no puedan haber nuevos pisos turísticos en determinados barrios en bloques entero, mientras sí que pueden abrir nuevos hoteles en otras zonas.
Otro de los temas que recibió un revés en toda regla –este punto sí llegó a debatirse– es la modificación del precio de las obras de la reforma de la Diagonal, una de las estrellas del mandato y que se inaugura mañana. La obra ha tenido un sobrecoste de más de cuatro millones de euros, que ca- si roza el 20% del tope marcado por la ley de contratos del sector público. La desviación al alza del coste de la reforma ha sido del 19,7 por ciento. La concejal del PSC Assumpta Escarp incluso puso en duda que las previsiones de la citada ley del 2007 cubran la legalidad del sobrecoste, que según la edil, está previsto para causas mayores, no para mejoras del proyecto que deberían estar previstas en el momento de la adjudicación. El resto de grupos coincidió en que las mejoras que se han incorporado a la reforma de la Diagonal deberían haberse contemplado desde el principio. En este asunto, el concejal del PP Eduardo Bolaños fue también taxativo. Curiosamente, el teniente de alcalde Antoni Vives, que acabó sólo en la mesa de representantes de CiU, no entró a rebatir estas criticas de la oposición.
Tras la comisión, Vives aseguró que el sobrecoste se aprobará en el consejo de administración de la empresa pública Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa). El hecho de llevarlo a la comisión de Hábitat Urbano, a pesar de saber que recibiría los votos en contra de todas las otras formaciones, es un requisito para que pueda pasar por este consejo y así pagar a los constructores.
Otra de las cuestiones que ni tan sólo se discutió, y que el equipo de gobierno decidió retirar ante la certeza de que tenía la batalla perdida, es el proyecto de la explanada de los museos. Los grupos de la oposición no son contrarios al plan que pretende construir una gran vestíbulo subterráneo bajo la plaza de las Cascades que permita ampliar el Museu
MONTJUÏC La explanada de los museos deberá tramitarse en el próximo mandato
Nacional d’Art de Catalunya y vincularlos con otros equipamientos próximos. La principal crítica que refieren el resto de grupos es la incógnita presupuestaria que tiene el proyecto. No se concreta quién se hará cargo de estas obras. Lo mismo pasó con la modificación del Plan General Metropolitano del barrio de Les Planes que prevé limitar las nuevas construcciones y desafectar algunas zonas y que no cuenta con el respaldo vecinal. Ante esta situación, la oposición tampoco tenía ningún interés en que fuera aprobado durante este mandato.
El apoyo del Partido Popular fue clave para desencallar un proyecto histórico como es la construcción de un centro penitenciario abierto de 800 plazas en la Zona Franca y un nuevo centro de preventivos con capacidad para 600 internos en la Zona Franca. Una actuación que debería estar lista, según reza en el proyecto, en el primer semestre de 2017, por lo que urgía su aprobación. A pesar del voto de confianza, el concejal popular, Eduardo Bolaños, aseguró que presentarán alegaciones para que el Ayuntamiento no pague la construcción de un equipamiento penitenciario, ya que no tiene competencias en esta materia.
El mandato de Trias acabará con un cierto regusto amargo al no poder sacar adelante algunas cuestiones en las que se ha trabajado durante meses. Pero aún así, el teniente de alcalde se mostró conciliador con los portavoces del resto de grupos al asegurar una vez acabada la comisión, definida por el propio Vives como la mejor, que “desde un lado o del otro siempre se ha trabajado por Barcelona”. La última de las 43 comisiones acabó en aplausos.
A FAVOR El PP desbloquea la próxima construcción del centro penitenciario