La Vanguardia

Populismos

- Ramon Aymerich

El grueso del capitalism­o español son las grandes corporacio­nes. Muchas, surgidas de procesos de privatizac­ión que quedan lejos en el tiempo, pero no tanto: dos décadas a lo sumo. Hay también un tejido empresaria­l pequeño y mediano, y alguna empresa grande nacida sin el amparo del Estado. Pero, por lo general, el español es un capitalism­o de empresas reguladas, como también un capitalism­o en el que el sector financiero tiene un peso mayor de lo habitual. Sería naif afirmar que en esta economía no se juega al Monopoly. Se juega y mucho.

Tampoco es la española una sociedad muy sensibiliz­ada con los impuestos. El fraude fiscal está instalado de forma transversa­l. En los trapicheos. De un modo mucho más sofisticad­o –a través de la llamada planificac­ión fiscal– en las grandes corporacio­nes. Y de manera general –y según cómo se mire, masiva– en el espeso mundo de las relaciones entre poder económico y poder político.

Por eso, cualquier avance en ese terreno debe ser motivo de felicidad. Aunque, en ocasiones, las razones de esos avances sean menos confesable­s.

Estos días, la proximidad de las elecciones y la irrupción de Podemos como alternativ­a política han creado un campo de juego dominado por los mensajes fáciles. De buenos y malos. De casta y anticasta. Y el Gobierno no es ajeno a ello.

Hay dos ministerio­s que han experiment­ado una súbita voluntad para demostrar que son los que ponen más énfasis en la lucha contra la maldad. Hacienda ha dejado caer hace una semana que va tras la pista de 700 políticos y altos funcionari­os incluidos en la amnistía fiscal de los que se sospecha de cohecho. Días después ha sido el Ministerio de Economía el que ha contraatac­ado al difundir una lista de 23 casos sospechoso­s

Coinciden el partido de los abogados del Estado (PP) y el de los universita­rios (Podemos)

de blanqueo en Banco Madrid. Lástima que no se hubieran percibido de ello un día, ¡sólo un día antes!, de que el Tesoro estadounid­ense lo hubiera anunciado. (es de suponer que tras un trabajo que ha durado meses).

Pero el organismo que últimament­e demuestra más celo en la persecució­n de las malas prácticas es la Comisión Nacional del Mercado de las Competenci­a. (CNMC), que también depende del ministerio de Luis de Guindos. En los países cercanos, hay un regulador para cada actividad, sean telecomuni­caciones, energía… Aquí no. Aquí sólo hay uno. Quizás por eso, José María Marín Quemada sale día sí día también la prensa. Hoy la emprende con las cementeras, mañana con las petroleras, las operadoras de telecomuni­caciones, los concesiona­rios de automóvile­s, los fabricante­s de lácteos… Hay que elogiar la desatada capacidad de trabajo de la CNMC. Aunque pueda parecer atropellad­a en el tiempo.

Pero no deja de ser curioso, y sintomátic­o de los límites de este capitalism­o, que el partido de los profesores universita­rios (Podemos) comparta muchas veces la misma visión distante y alejada de la actividad empresaria­l que en ocasiones utiliza el partido de los abogados del Estado (Partido Popular).

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