Un Vaticano sin secretos
El histórico acuerdo entre la Santa Sede e Italia hará mucho más difícil que en el IOR, la banca vaticana, se oculten evasores fiscales
Los vientos de la transparencia financiera también han superado los muros vaticanos. Ni una institución con resistencias seculares en este ámbito ha podido oponerse al signo de los tiempos. El acuerdo sobre intercambio de información fiscal firmado el miércoles entre la Santa Sede e Italia, que pone fin al secreto bancario vaticano, supone un hito histórico, si bien se enmarca en un contexto de acuerdos casi idénticos suscritos durante los últimos meses entre el Gobierno de Roma y los de Liechtenstein, Mónaco y Suiza. Malas noticias para los evasores italianos.
El paso dado por la Santa Sede hubiera sido impensable hasta hace sólo unos pocos años. La vieja jerarquía lo hubiera considerado una inaceptable pérdida de soberanía y un menoscabo de la capacidad de maniobra de la Iglesia católica. La drástica evolución no debe atribuirse en exclusiva, ni mucho menos, a Francisco. Ya Benedicto XVI tomó decisiones fundamentales en la misma dirección, como respuesta a los escándalos en el Instituto de Obras para la Religión (IOR, la banca vaticana), a la presión de muchos cardenales y al nuevo marco jurídico internacional para luchar contra el lavado de dinero y la financiación de las actividades criminales o terroristas. De hecho, en las reuniones preparatorias del último cónclave, en marzo del 2013, fueron muchos los purpurados que exigieron al futuro papa –sin saber aún que sería Jorge Mario Bergoglio– que acelerara las medidas de transparencia financiera y que acabara de una vez por todas con las sospechas sobre el IOR por el tremendo daño moral y de imagen que causaban al Vaticano y a la Iglesia católica en general. Ese mandato de los cardenales encajaba por completo con el talante y las ideas del futuro papa argentino, comprometido a llevar adelante la operación de limpieza y regeneración con todas sus consecuencias.
Firmaron el acuerdo, por parte vaticana, el secretario para las Relaciones con los Estados (equivalente a ministro de Asuntos Exteriores), monseñor Richar Gallagher, y, por parte italiana, el titular de Economía, Pier Carlo Padoan.
El convenio prevé efectos retroactivos. Podrá intercambiarse información desde el año 2009. Sin embargo, aquellos ciudadanos italianos que tenían cuentas no declaradas podrán acogerse a una “autodenuncia”, que supondrá el pago de una benévola sanción, pero sin consecuencias penales. La Hacienda italiana estima que podría ingresar hasta 1.000 millones de euros en capitales repatriados. Desde que comenzó a aplicarse más severidad, el IOR ha cerrado unas 3.000 cuentas sospechosas o de personas que no tenían derecho a tenerlas por no ser ni empleados vaticanos ni eclesiásticos.
Un elemento importante del acuerdo es que, a partir del ejercicio fiscal 2014 –es decir, la próxima declaración de la renta–, los ciudadanos e instituciones con residencia italiana –también religiosas– deberán pagar impuestos en Italia por los rendimientos financieros obtenidos en el IOR. El compromiso establece asimismo que las propiedades del Vaticano en suelo italiano y con estatuto de extraterritorialidad quedan exentos del pago de impuestos, en cumplimiento de los pactos de Letrán (1929) entre la Santa Sede y la Italia de Benito Mussolini.
Los nuevos acuerdos son fruto de una negociación llevada con máxima reserva en la que han desempeñado un papel protagonista el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y el gobernador de la Banca de Italia, Ignazio Visco. El objetivo era cerrar el compromiso antes de Pascua.
Está por ver si el acuerdo no deja fisuras que puedan ser explotadas por eclesiásticos o congregaciones sin escrúpulos –como sucedió en el pasado–, que actuaban como hombres de paja y usaban sus cuentas en el IOR para ocultar fondos de origen inconfesable de terceras personas. Eliminar todas esas ovejas negras no será fácil pero sí resultará mucho más complicado esquivar los estrictos controles y mantenerse largo tiempo en la impunidad.
Benedicto XVI inició la transparencia y Francisco la ha reforzado, por mandato de quienes lo eligieron