Griñán admite “un gran fraude” con los ERE
El expresidente andaluz se desmarca de las irregularidades y sólo admite fallos de control
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán descartó que hubiese un “gran plan” organizado para defraudar fondos de los ERE, pero sí reconoció que “hubo un gran fraude”. Él se desmarcó de los hechos.
La tesis de Griñán es que el sistema que se usó sobre los ERE no era ilegal, aunque entrañaba riesgos
El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán prestó ayer declaración durante cuatro horas ante el Tribunal Supremo (TS) sobre el caso de los ERE, sobre los que dijo que “no hubo un gran plan, pero sí un gran fraude”. Griñán vino a reconocer así las responsabilidades políticas de la Junta en el escándalo, pero no la existencia de una actuación preconcebida con prácticas de corrupción.
Griñán reconoció el “gran fraude” en declaraciones a los medios de comunicación, tras terminar su comparecencia ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro. En el interrogatorio ante el juez, en cambio, puso todo el acento en explicar que la Junta andaluza, al máximo nivel, nunca fue consciente de la gran brecha abierta con dichos fondos. De hecho, insistió en que jamás recibió informe alguno que le alertara de los peligros que suponía el sistema puesto en marcha para facilitar las ayudas a determinadas empresas. Las acusaciones sostienen que esas alertas existieron, porque los cambios legales introducidos en Andalucía sobre tramitación de los ERE permitían eludir controles. La defensa de Griñán, en cambio, se centra en la falta de conocimiento de dichos avisos, sin negar las graves consecuencias que ello tuvo en la ges- tión global del Gobierno andaluz. De ahí la paralela afirmación de Griñán en el sentido de que, lo que sí hubo con los ERE en Andalucía fue “un gran fraude”.
Sin que sea posible afirmar que ha existido una concertación entre los imputados, la versión de Griñán es en esencia coherente con la que el pasado martes sostuvo ante el Supremo el exconsejero de Economía de la Junta, José Antonio Viera, quien desvió toda responsabilidad sobre las ayudas de los ERE a escalas inferiores de su departamento. Viera dijo que era maestro y no jurista, y que creía legales los procedimientos para la concesión de fondos. Griñán, a su vez, manifestó ayer que el sistema de transferencias –cuestionado porque permitió el fraude– ha sido empleado en muchas ocasiones y por diversas administraciones públicas pa- ra prestar los servicios que tienen asignados. El problema para los imputados y para la Junta en general es que en la causa hay informes periciales que afirman que el sistema se diseñó así precisamente para facilitar el fraude. Tales expertos de la Intervención General del Estado (IGAE) subrayan que por este camino se eludía el control de los interventores, porque ellos hubieran detectado rápidamente las supuestas irregularidades cometidas.
La tesis de Griñán, en definitiva, es que la Junta no hizo nada indebido porque los presupuestos eran correctos, aunque luego sí hubo cambios legales que afectaron a la fase de “ejecución” de los pagos. Esta gestión es la que hubiera tenido que vigilarse. De ahí la admisión de que “algunos controles pudieron fallar”, pero no porque existiera una idea preconcebida para favorecerlo.
Griñán admitió también que a causa de ello abandonó la Junta, para no perjudicar al Gobierno andaluz, y que ha tratado de colaborar en el esclarecimiento de los hechos. La suerte que corra en el proceso depende del crédito que el juez le dé frente a las tesis de los peritos sobre los evidentes defectos del sistema de los ERE.