Ruz procesa a militares marroquíes por genocidio en el Sáhara
El juez investiga desapariciones y muertes entre los años 1975 y 1992
La reforma de la justicia internacional no ha dejado a la Audiencia Nacional privada de toda competencia en la materia, y de ahí que el juez Pablo Ruz dictara ayer el procesamiento de 11 dirigentes de Marruecos por el su- puesto delito de genocidio y por hechos ocurridos en el Sáhara entre el 6 de noviembre de 1975 y el 7 de octubre de 1992. El magistrado describe en su auto un conjunto de crímenes y torturas supuestamente cometidos por los proce- sados con “una finalidad de destrucción biológica de tales personas como tales (las víctimas identificadas) y simplemente por su origen étnico”.
Entre los procesados se encuentran el gobernador de la Administración Territorial del Ministerio del Interior hasta 1997, Abdelhafid Ben Hachem; el gobernador de Smara entre 1976 y 1978, Said Ousassou; el subgobernador de la provincia, Hassan Uychen; los inspectores de Policía en El Aaiún Brahim Ben Sami y Hariz El Arbi; el coronel de las fuerzas armadas Abdelhak Lemdaour y el teniente de la Gendarmería Real Driss Sbai. Contra todos ellos el magistrado juez acuerda la “busca, detención e ingreso en prisión”.
El juez procesa asimismo al coronel Lamarti y a los presuntos “responsables de genocidio” Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laa- rabi y Abdelghani Loudghiri, que fueron identificados por algunas de sus víctimas. En estos cuatro casos, el magistrado solicita a las autoridades marroquíes que aporten los datos que posean para su “correcta identificación y filiación”. Paralelamente, rechaza procesar a otros ocho imputados por falta de pruebas y en un caso por prescripción de los delitos que se le atribuían.
La resolución del magistrado acuerda el procesamiento de los once dirigentes por un delito de genocidio en concurso con otros de detención ilegal, torturas, asesinato y desaparición forzada. Y decide declarar a siete de ellos en busca y captura. Ruz explica que el “hecho fundamental” investigado en la causa es el hallazgo en febrero de 2013 de una fosa común en Amgala con ocho cadáveres “que han sido plenamente identificados por el ADN”, junto a la declaración de varios testigos que “incriminan” a los procesados. Los hechos denunciados aluden asimismo a torturas, amputaciones de miembros a prisiones, incluido un recién nacido, así como la quema de personas vivas o las descargas eléctricas a refugiados que vivían en las localidades saharauis de El Aaiún, Smara y Amgala. El juez recoge 50 asesinatos y otras 76 tentativas.
EL ARGUMENTO La resolución afirma que se actuó contra los saharauis “por su origen étnico”