Viento en contra para Venezuela
Maduro llega con 10 millones de firmas de protesta por las sanciones de Obama al régimen bolivariano
El régimen bolivariano de Venezuela acude a la Cumbre de las Américas huérfano de liderazgo y duramente cuestionado por la comunidad internacional, pero cerrando filas en torno al discurso antiimperialista de su presidente, Nicolás Maduro.
El sucesor de Hugo Chávez llega a la cita de Panamá enarbolando diez millones de firmas contra las sanciones que EE.UU. aplicó a siete altos funcionarios del Gobierno de Caracas, bajo la acusación de violar los derechos humanos de opositores. En la reunión, Maduro se encontrará con Barack Obama, que rubricó en mar- zo el decreto cuyo texto califica la situación de las garantías individuales y la corrupción en Venezuela como una amenaza “extraordinaria e inusual” para la seguridad nacional y la política exterior estadounidenses.
La orden ejecutiva emitida en Washington –objetada en la desmesura de la forma aunque no en el fondo por voces de amplio espectro– desató la furia chavista y las incondicionales muestras de apoyo de sus aliados en la región. Cuba, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, entre otros gobiernos afines, condenaron el paso dado por Obama, mientras el régimen de Caracas se lanzaba a una campaña de recogida de firmas contra las sanciones. Según distintas oenegés de Venezuela, la operación se llevó a cabo bajo coacción en centros de trabajo, hospitales e incluso supermercados.
A la ofensiva chavista se suma, como es habitual en las cumbres, un foro alternativo convocado por el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), que abrió sus puertas ayer con una agenda sobre exclusión social, desigualdad, comercio justo y educación, entre otros temas. La asamblea, según sus organizadores, pretende hacer contrapeso al encuentro de la sociedad civil de la cumbre oficial, que en su sesión del miércoles terminó a golpes entre opositores y delegados oficiales cubanos.
Pese a la maquinaria bolivariana que le arropa, Maduro difícilmente podrá eludir la presión internacional y los efectos del último movimiento del presidente de EE.UU. Justo antes de llegar a Panamá, Obama se reunió con todos los representantes de los gobiernos antillanos, simpatizantes por conveniencia del chavismo, que en la última década les suministró petróleo subsidiado. Pero la abrupta caída del precio del crudo y el descalabro de la economía venezolana han forzado a Caracas a recortar el envío de carburantes a las islas del Caribe. Washington se presenta ahora como la opción más fiable para estas pequeñas naciones y les ofrece una transición posible de los combustibles fósiles al gas natural o las energías renovables.
En el flanco internacional, el presidente venezolano también deberá responder a la Declaración de Panamá que ayer difundieron 22 expresidentes ibero- americanos. El documento denuncia la “grave alteración democrática y constitucional” que padece Venezuela y pide a los 35 mandatarios reunidos en la cumbre “aunar esfuerzos para construir una alternativa de solución a la grave crisis venezolana; conseguir la puesta en libertad de los presos políticos, y restablecer las condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales”. Entre otros, suscriben el texto Felipe González y José María Aznar, el argentino Jorge Duhalde, el chileno Sebastián Piñera, los colombianos Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur; los costarricenses Óscar Arias y Laura Chinchilla, los mexicanos Felipe Calderón y Vicente Fox, el peruano Alejandro Toledo, y el uruguayo Luis Alberto Lacalle.
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En el mismo sentido, una treintena de organizaciones internacionales de derechos humanos –entre las que se cuentan Amnistía Internacional o Human Rights Watch– pidieron conjuntamente a los gobiernos de la región que exijan a Caracas seguridad para que “las defensoras y los defensores de derechos humanos puedan realizar su labor sin temor a represalias”. Un grupo de activistas venezolanos se ha desplazado a Panamá para relatar la situación de libertades civiles en su país y acompañar a las esposas de Leopoldo López y Antonio Ledezma, los dos principales líderes de la oposición, recluidos en una prisión militar tras ser acusados de haber presuntamente orquestado un complot para derrocar a Maduro.