Alonso intenta atraer a los diputados provida del PP con cambios en la ley
El ministro propone eliminar la consideración del aborto como un derecho
La reforma de la ley del aborto continúa siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno. Tras comprometerse a aprobar una ley más dura que la de 1985 (propiciada por el exministro Alberto Ruiz Gallardón), para posteriormente retirarla ante el malestar de parte de sus diputados y proponer una reforma de la ley de plazos vigente desde el 2010, ahora anuncia una modificación más amplia de la misma en un intento de evitar el voto en contra de los diputados provida de su partido (el martes se debate en el Congreso). El PP trata así que esta nor-
Los diputados contrarios al texto ya han anunciado que votarán en contra, aunque les multen
ma no suponga un nuevo conflicto interno en las filas del partido que perjudique sus aspiraciones electorales.
El anuncio vino de la mano del ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, quien en una entrevista en RNE insistía en que su partido defiende el “derecho a la vida”, para acto seguido explicar que la reforma no se limitará a requerir la autorización paterna para abortar en el caso de las menores de 16 y 17 años. El cambio se centraría en eliminar del texto de la actual ley el concepto de aborto como un derecho, en un guiño claro a esa docena de senadores y diputados que el pasado mes de febrero enviaron una misiva a Mariano Rajoy en la que expresaban su malestar por la retirada de la propuesta de Gallardón. Y en la que ya advertían que si el cambio se limitaba a lo referente a los menores “nos resultaría muy difícil votarlo”.
La fórmula propuesta por el PP, sin embargo, no ha satisfecho a la docena de diputados y senadores, entre los que se encuentran Eugenio Nasarre, José Ignacio Azpiroz o Luis Peral, porque a lo que se oponen es a que exista una ley de plazos que consagre el aborto libre en las 14 primeras semanas.
Así se lo trasladaron ya el martes los parlamentarios a la dirección del Grupo Popular, en una reunión que mantuvieron con el portavoz, Rafael Hernando, y con su número dos, José Antonio Bermúdez de Castro, en la que estos le adelantaron que el debate de la proporción de ley sería el próximo martes y que no se per-
mitiría el voto en conciencia. Eso significa que si no apoyan el texto, tendrán que hacer frente a sanciones, algo a lo que estos diputados ya han indicado que pagarán “con honor”.
Sin embargo, la dirección del PP quiere convencer a los parlamentarios populares con un argumento: que la ley de plazos está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional al recurso presentado por el PP. Con esta estrategia, los populares quieren aplazar la decisión y dejarla en manos del Alto Tribunal, de forma que si admitieran el recurso y declarara inconstitucional la ley, el PP no tendría más remedio que modificarla.
De ahí que el número tres del PP, Carlos Floriano, subrayara ayer que “estamos donde estábamos”, porque el PP nunca ha creído que el aborto fuera un derecho, por eso, el PP está “a la espera de lo que diga el Tribunal Constitucional”.