Salvo Esquerra, toda la oposición escenifica un plante contra Boi Ruiz
La publicación en Semana Santa del proyecto de consorcio sanitario de Lleida para iniciar periodo de alegaciones, la del encargo a la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaria Aquas de centralizar la anonimización de datos sanitarios para investigación y una instrucción del CatSalut sobre cómo se puede hacer asistencia privada en los centros públicos abrió ayer la caja de los truenos en la comisión de salud del Parlament. Socialistes, Iniciativa, CUP, Ciutadans y PP decidieron, por motivos en parte coincidentes y relacionados con esos tres asuntos, plantar al conseller Boi Ruiz que acudió a la comisión de control.
Además de retirarse de la comisión, las portavoces en esta materia de los cinco grupos denunciaron que el Govern de la Generalitat incumple las decisiones del Parlament. En el caso del consorcio que debe reunir toda la asistencia sanitaria pública de Lleida en una entidad común, el Parla- ment pidió su paralización. Pero según Salut, el proceso de gestación sigue su curso administrativo “para escuchar las alegaciones de todo el que tenga algo que decir; cuando este esté cerrado y analizado, volveremos a proponerlo en el Parlament”, explicó el conseller Boi Ruiz.
Para la oposición, que ha escenificado con el plante su enfado con la política sanitaria del Govern, que la agencia Aquas se encargue de centralizar todas las tareas de anonimización es lo mismo que haber puesto en marcha el proyecto de explotación de datos sanitarios paralizado por el Parlament. Desde el punto de vista de Aquas, se trata de la formalización de un encargo que les toca porque la agencia es la que debe garantizar que esa tarea se haga de un modo seguro. “El proyecto VISC+ es lo que está pendiente de un informe del comité de Bioética de Catalunya y del posterior debate en una jornada que esperamos realizar este abril en el Parlament”, dijo el director de la agencia, Josep Maria Argimon.
La tercera fuente de conflicto, una instrucción del Catsalut sobre la actividad privada en los centros sanitarios públicos, para la mayoría de grupos de la oposición es la confirmación del objetivo de este conseller de privatizar la sanidad. Alertan además del pe- ligro de desigualdad que podría generar al favorecer que quien pueda se pague la asistencia y “saltarse” así la lista de espera. Desde el Catsalut se asegura que no han legislado nada, que se han limitado a recoger las normas existentes para que todos los centros públicos (excepto el ICS, que no puede) sepan cómo actuar correctamente, “y poder realizar auditorías e inspecciones”, señaló el responsable del Catsalut, Josep M. Padrosa.
Los grupos que plantaron al conseller han solicitado un pleno extraordinario sobre el futuro de la salud. Plantean debatir sobre el debilitamiento y descapitalización del sistema público y la garantía de igual acceso en cada uno de los territorios. Verbalmente, hicieron hincapié en la “voracidad privatizadora sin límite” del conseller.
Tres normas sobre el consorcio de Lleida, los datos clínicos y la actividad privada provocan el conflicto