La justicia de EE.UU. declara ilegal el espionaje que denunció Snowden
El Congreso estudia endurecer la ley para mantener las escuchas indiscriminadas
El exespía sigue con la muerte en los talones y Washington no renuncia a vigilar la vida de los otros
Edward Snowden se convirtió en forajido cuando denunció que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estaba espiando indiscriminadamente a millones de ciudadanos norteamericanos. El exempleado de la CIA malvive desde entonces con la muerte en los talones. La justicia de Estados Unidos no le ampara, pero, paradojas del sistema, esa misma justicia acaba de declarar ilegales las prácticas que denunció el exempleado de la CIA. En síntesis, el tribunal ha sentenciado que, con la ley en la mano, el Estado no puede convertirse en el Gran Hermano que todo lo ve –y todo lo escucha– y que George Orwell anticipó hace varias décadas en su novela 1984.
El veredicto es una victoria parcial de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), que fue la entidad que presentó el pleito a partir de las denuncias de Snowden. “La decisión de hoy es una oportunidad para redoblar la defensa de los principios constitucionales que han hecho de nuestro país lo que es hoy”, declaró el abogado Alexander Abdo, pero tampoco tenía motivos para echar las campanas al vuelo, porque de acuerdo con el texto de la sentencia podría ocurrir exactamente lo contrario.
En un fallo desarrollado a lo largo de 97 páginas, el tribunal acusa a la NSA de haber interpretado de forma abusiva las leyes vi- gentes para llevar a cabo escuchas telefónicas indiscriminadas, pero no toma ninguna medida cautelar, no ordena que se interrumpan las prácticas y en cambio sí plantea al Congreso que tie- ne todas las competencias para legislar “de forma clara e inequívoca” la autorización de un programa de tan largo alcance como el el llamado Stellarwind, que ha llevado a cabo la NSA para escu- char las conversaciones de ciudadanos estadounidenses incluso cuando hablaban con su amante, pedían hora al dentista o encargaban una pizza. De hecho, la primera reacción de la Casa Blanca al veredicto no fue que iba a cancelar el programa de escuchas indiscriminadas, sino precisamente perfeccionar la ley. “Seguimos trabajando estrechamente con el Congreso para seguir las indicaciones del tribunal y conseguir un acuerdo bipartidista en ambas cámaras para preservar las capacidades esenciales del programa”, declaró Ned Price, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
La intención del presidente Obama era autorizar un programa alternativo de escuchas y control de comunicaciones electróni-
cas que limitara las escuchas a sospechosos de terrorismo y otras delincuencias, pero obligara a las empresas telefónicas a guardar por si acaso todos lo demás durante 18 meses. Este pequeño gran hermano no satisface las exigencias de la mayoría republicana, empeñada en endurecer la legislación para mantener programas como el Stellarwind y evitarse nuevos problemas con tribunales en su opinión demasiado garantistas. Así que todo a punta que en breve el Congreso reformará la legislación para que el Gobierno de Estados Unidos pueda continuar observando legalmente la vida de los otros.
Y todo empezó con la promulgación de la ya de por sí controvertida ley Patriota (USA Patriot Act), que alumbró el Congreso a rebufo de los atentados del 11 de septiembre contra las torres gemelas de Nueva York. La recopilación masiva de datos había sido autorizada en secreto por jueces de un tribunal especial que supervisa la vigilancia de la seguridad nacional y que sólo atiende a los argumentos del Gobierno. En esta instancia se interpretó con amplitud la sección 215 de la ley, que es lo que ahora el tribunal de apelaciones ha considerado excesivo. El fallo incluye derivar a un tribunal de distrito lo que debería hacerse a partir de ahora, pero parece que no va a llegar a tiempo según las previsiones legislativas.