Modelos electorales
El verano pasado el Gobierno de Mariano Rajoy planteó hacer una reforma electoral para primar a la candidatura que quede primera en las municipales a fin de garantizar las mayorías en los ayuntamientos. Al Ejecutivo le cayó la del pulpo a manos de toda la oposición por aquella idea que tampoco era tan descabellada: en Grecia el primer partido recibe una prima de 50 escaños. Son mecanismos de refuerzo de la estabilidad de los ejecutivos.
En estas elecciones la cuestión de la reforma electoral ha vuelto a saltar por varios frentes. José Antonio Monago desde Extremadura y Susana Díaz desde Andalucía han planteado iniciativas de cambio de la ley encaminadas a garantizar el gobierno de la lista más votada. La presidenta andaluza ha propuesto un sistema de doble vuelta, como existe en Francia, algo que ya planteó el PSOE hace una década pero que luego no llevó adelante. La dirección del PSOE, sin embargo, no ha apoyado la idea de Díaz.
Las leyes electorales son un elemento clave de los sistemas democráticos y por ello su elaboración debe tener un amplio consenso. El modelo vigente en España desde la transición ha contribuido razonablemente a proporcionar gobiernos estables al tiempo que facilitaba una representación proporcional, con ciertos límites. Si hubiera que hacer un balance de los efectos de la ley electoral la valoración sería positiva. Si se plantean cambios hay que saber con claridad qué objetivos se persiguen y qué efectos creará en el sistema políti- co y de representación una nueva ley. Un sistema de doble vuelta, por ejemplo, beneficiaría, en principio, a los dos primeros partidos y, en Catalunya y País Vasco, a los nacionalistas, pero también agudizaría la pugna entre bloques políticos porque en la segunda vuelta se impone el voto útil. Los electores de IU o Podemos, por ejemplo, apoyarían en la segunda vuelta al candidato socialista si este compite con un popular por la alcaldía o la presidencia de la autonomía. En ese modelo, la representación de los minoritarios sería más reducida que con el actual por lo que es de esperar resistencias por su parte a aceptar el cambio.
Cambiar una ley electoral es una operación muy delicada para hacerlo de forma precipitada. Hay que evitar sobre todo la tentación de promover los cambios como consecuencia de la incapacidad de los responsables políticos para lograr pactos para alcanzar mayorías. El esfuerzo que requiere el acuerdo no puede ser sustituido por un cambio a medida de la norma electoral. Eso supone incurrir en un vicio habitual de la política que es defender cambios legislativos cuando el problema es una deficiencia de la gestión política.
Hay que evitar la tentación de cambiar la ley electoral por la incapacidad de los políticos para cerrar pactos