El fraude de Valencia era público, revela Bruselas
La UE critica que nadie actuó ante los avisos del Síndic
El informe de la Comisión Europea sobre el fraude estadístico valenciano publicado ayer, incluye revelaciones que dejan en mal lugar tanto a las autoridades autonómicas como al Gobierno central español.
La práctica de la Intervención General de la Generalitat de Valencia de no computar el gasto sanitario (agravada desde 1993) era del dominio público, asegura. Año tras año, el tribunal de cuentas autonómico, el Síndic de Greuges, denunció la existencia de gastos no registrados y cuentas extrapresupuestarias y reclamó a la Intervención que registrara y notificara esas partidas. Tampoco el Gobierno central reaccionó. La Intervención General de la Administración del Estado “se dio cuenta de que algo iba mal en el 2007”, afirma el informe europeo, cuando se creó un grupo de trabajo para abordar el problema de la deuda sanitaria regional. La administración central pensó que la situación quedó resuelta con los acuerdos de la Generalitat para reconocer gastos pasados. Pero lo cierto es que la práctica continuó y no salió a la luz hasta el 2012, cuando el plan nacional de proveedores animó a las comunidades a sacar facturas de los cajones (1.900 millones en Valencia).
Los informes del Síndic valenciano no sólo eran públicos, sino que todos los años se enviaban a los representantes de 60 organismos públicos autonómicos, incluida la consejería de Sanitat, a quien la Intervención General de la Generalitat acusa de no remitirle todas las facturas. Esta actitud de los poderes públicos valencianos de mirar a otro lado, sin embargo, no significa para la Comisión que la tergiversación de las cuentas fuera un ejercicio deliberado. Su conclusión, más leve, es que se trató de “una seria negligencia”, una práctica sistemática pero achacable a un organismo, la Intervención General. La eurocomisaria Marianne Thyssen explicó ayer que esa es la conclusión de los técnicos de Eurostat enviados a Valencia para investigar la magnitud del fraude y que se ha asumido como tal, sin interferencias.
La Comisión ha tenido en cuenta varios atenuantes, como la plena cooperación de Madrid, y la propuesta de sanción ha pasado de 94,5 a 18,9 millones de euros. Las alegaciones del abogado general del Estado español, que puede recurrir la decisión, se centran en el alcance de la investigación ya que ha mirado datos desde 1988, aunque la UE sólo tiene poderes para sancionar desde finales del 2011, una estrategia que cree que puede haber pesado en sus conclusiones.