Las promesas por cumplir
En noviembre del 2012 entró en vigor la ley de Tasas Judiciales, que desde el primer momento tuvo el rechazo de todos los sectores del Derecho por cuanto su imposición limitaba el acceso real de la ciudadanía a la justicia. Se trataba de una concepción perversa de las tasas, al pretender disuadir al ciudadano de reclamar justicia ante los tribunales. Ello era especialmente grave para las clases medias y populares sin recursos suficientes para litigar pero que tampoco podían acogerse a los beneficios de la justicia gratuita.
Durante la tramitación de la ley, el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, justificó la introducción de las tasas como un modo de financiar la justicia gra- tuita y la propia ley, en su artículo primero, señalaba que “la tasa judicial se considerará vinculada (…) al sistema de justicia gratuita en los términos establecidos en la ley de presupuestos generales del Estado de cada ejercicio”. Sin embargo, los colegios de abogados –como otras organizaciones– nos opusimos radicalmente a la ley de Tasas, pero, de mantenerse, aceptamos sólo si su recaudación repercutía íntegramente en la justicia de los más necesitados, en la justicia gratuita porque es un derecho constitucional y ha de sufragarse a cargo de la administración.
En un marco de fuerte contestación a la política del ministro Gallardón, en el 2014 se produjo su sustitución por Rafael Catalá, que derogó en la práctica la ley de Tasas para las personas físicas y acordó la retirada del controvertido proyecto de ley de Justicia Gratuita.
Sin embargo, hay un hecho incuestionable: las cantidades recaudadas entre el 2012 y enero del 2015, en concepto de tasas judiciales, que ascienden a 639 millones de euros, han ido a parar a las arcas del Estado y no han servido para efectuar ninguna mejora en la administración de justicia. A Catalunya –que como las comunidades de Madrid, Valencia, Andalucía y País Vasco efectúa una importante aportación en el ámbito de la justicia gratuita– debían retornar 122 millones.
Si un servicio público ha sufrido dejadez, es la justicia gratuita, que actualmente se mantiene por el voluntarismo y la implicación social de los abogados y procuradores, cuando es un servicio propio del Estado social que marca nuestra Constitución. Es de justicia que el dinero de las tasas se destine a su mejora y dignificación.