Qué (no) ha hecho la Aecid para seguir el rastro del dinero de la cooperación
La oenegé Grain denuncia la explotación laboral en plantaciones congoleñas
El pasado noviembre trascendía que parte de los 40 millones de euros que la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid) se había comprometido invertir, en el periodo 2010-2020, para apoyar a los pequeños agricultores africanos a través del Fondo Africano para la Agricultura (AAF, en sus siglas en inglés) servían para rescatar una empresa canadiense en crisis, Feronia, registrada en un paraíso fiscal, las Islas Caimán, y que explotaba a los trabajadores de sus plantaciones de palma aceitera de la República Democrática del Congo (RDC). Seis meses después, Grain, una de las organizaciones que denunció la situación, ha regresado a la RDC comprobando que las condiciones labo- rales de los agricultores no han mejorado: los sueldos en una de las plantaciones visitadas, en Lokutu, se mantienen en 1.400 francos congoleños (1,3 euros) al día, por debajo del salario mínimo del país (1.680 FC).
Grain alerta que los líderes de las comunidades “hablan de sistemas brutales de explotación y de hostigamiento”. Por eso, esta oenegé advierte que el dinero público invertido por agencias de desarrollo europeas en lugar de mejorar las condiciones de vida de millones de africanos provocan el efecto contrario. ¿Desinterés? ¿Falta de control de sus inversiones? A la pregunta formulada por este periódico, ayer, la Aecid, dependiente del Ministerio de Exteriores, respondió: “Estamos en permanente contacto con la gerencia del AAF... para asegurar que sus aportaciones se
La Aecid dice estar en contacto con el fondo africano para asegurar que se respetan los derechos humanos
rijan por criterios acordes con el respeto a los derechos humanos, la legislación internacional, el desarrollo sostenible...” La Aecid remite a un comunicado de Feronia, en el que esta firma asegura que nunca ha expulsado de sus tierras a las poblaciones locales, y acaba diciendo que seguirá “solicitando información sobre la actuación de Feronia en el próximo comité asesor del AAF de esta semana en Johannesburgo”.
Por el contrario, Grain sostiene que Feronia ha protagonizado prácticas de acaparamiento de tierras; es decir, que ha expulsado a agricultores de sus parcelas, y que la AAF lo tolera. Grain ha advertido reiteradamente de esta práctica, que supone que grupos de inversión, corporaciones e incluso gobiernos compren o alquilen campos de cultivo para producir biocombustibles, otros pro- ductos agrarios o para especular. De esta manera se arrebata el medio de vida a millones de personas
Feronia irrumpió en 2009 en la RDC con la adquisición a Unilever del 76% de la firma PHC (el 24% restante está en manos del Gobierno congoleño), propietaria de más de 100.000 hectáreas de plantaciones, mayoritariamente de palma aceitera. Poco después de esta operación, Feronia empezó a registrar pérdidas millonarias y a caer en picado su valor; es entonces cuando intervienen las denominadas instituciones financieras para el desarrollo (DFI, en sus siglas en inglés) de Gran Bretaña, Francia y España. La Aecid no especificó ayer qué cantidad ha inyectado hasta el momento al fondo, aunque fuentes que están siguiendo el caso en España apuntan que podría situarse en unos 20 millones de euros del total de 40 comprometidos hasta el 2020.
“Las DFI están obligadas a aliviar la pobreza en los países en desarrollo y deben operar de acuerdo con estrictas políticas para impedir inversiones en compañías que acaparan tierras, que violan derechos laborales o que son corruptas”, subraya Grain que, tras entrevistar a trabajadores y líderes de las comunidades afectadas, concluye que “Feronia está violando los principios defendidos por los DFI”.