Londres y Edimburgo, en guerra
Cameron veta a los soberanistas escoceses en el comité de inteligencia
La política británica necesita las vacaciones de verano como agua de mayo. El ambiente, dos meses después de las elecciones generales que dieron a David Cameron una mayoría absoluta, está cada vez más enrarecido. El Gobierno central no ha tardado en tomar represalias contra Escocia por votar masivamente al independentista SNP, y ha descartado la extensión a Edimburgo y Glasgow de un tren de alta velocidad que sería fundamental para el desarrollo económico de ese país.
Nadie se queda atrás en un intercambio de acusaciones que ha ido subiendo progresivamente de tono. Los conservadores afirman que el SNP (que tiene 56 de los 59 diputados escoceses en Westminster) no permite la disensión ni externa ni interna y gobierna como un partido único a pesar de que obtuvo solo el 50% de los votos. Y están especialmente indignados por una ley de reforma agraria que consideran un atentado contra la aristocracia rural del país.
El frenazo a la línea de alta velocidad (como hizo Madrid con el AVE y el corredor del Mediterráneo) es sólo una pequeña parte de la campaña de acoso y derribo contra el soberanismo escocés. La administración trabaja entre bas- tidores para intentar impedir que el SNP, a pesar de su importante paquete de parlamentarios, esté representado en el Comité de Inteligencia y Seguridad (ISC) de la Cámara de los Comunes, con el más que dudoso argumento de que un partido cuyo objetivo es romper el Reino Unido no puede tener acceso a secretos de Estado.
Alex Salmond, el anterior líder de los nacionalistas escoceses, sería el candidato obvio para representar al SNP en el ISC, ya que sus miembros suelen ser figuras parlamentarias de peso de todos los partidos, como actualmente el exministro de Defensa tory Malcolm Rifkind y el veterano ex líder liberal demócrata Menzies Campbell. La mera idea hace que a muchos tories, incluido el primer ministro David Cameron, se les revuelvan las tripas.
Así como la composición de la mayoría de comités de la Cámara de los Comunes corresponde a los propios parlamentarios, los miembros del ISC son designados por el primer ministro de turno (en este caso David Cameron) en consulta con el líder de la oposición (un puesto actualmente vacante a la espera de la designación a finales del verano del nuevo líder laborista). El motivo es el acceso a secretos de Estado, y el papel en la supervisión de la manera en que se administran y funcionan los servicios de inteligencia del país.
Está por ver qué piensa al respecto el sucesor de Ed Miliband al frente del laborismo, ya sea Andy Burnham, Yvette Cooper, Jeremy Corbyn o Liz Kendall. Pero numerosas figuras de los dos grandes partidos han dejado ya meridianamente clara su visceral oposición a que Salmond o cualquier otro miembro del SNP puedan ver documentos con el sello de top secret, decidir el presupuesto del MI5 y el MI6, o tomar decisiones importantes sobre la renovación o no de la flota de submarinos nucleares
El Gobierno aparca el tren de alta velocidad a Edimburgo y Glasgow, un proyecto vital para el desarrollo
armados con misiles Trident, que ha de tomarse antes del plazo de un año, con base en el río Clyde cerca de Glasgow, y cuya eliminación es uno de los principales objetivos de los nacionalistas escoceses.
Promete ser una cuestión espinosa con el potencial de provocar escisiones dentro de los dos grandes partidos. “No es de recibo que el SNP esté representado en el Comité de Seguridad e Inteligencia cuando sus políticas en materia de defensa son radicalmente contrarias a las oficiales”, dice el diputado tory Bob Neill. Pero su compañero Bob Stewart no comparte esa opinión, y admite que el grupo soberanista, con sus 56 diputados, “tiene derecho a estar en todos los comités, incluido el ISC, porque es un partido perfectamente legal y en eso consiste la democracia. Han sido elegidos y hay que confiar en ellos. Sería trágico e injusto dudar de su patriotismo”. En el 2013, tras una revisión de su papel
en la guerra de Iraq y cómo fue manipulado por Tony Blair para hacer posible la intervención británica al lado de Estados Unidos, se ampliaron los poderes del ISC hasta el punto de que participa activamente en las decisiones operacionales y supervisa el funcionamiento de las unidades especiales del ejército y de Scotland Yard para la lucha antiterrorista.
Todo lo relacionado con el SNP irrita a los conservadores, pero particularmente el proyecto de ley de reforma agraria presentado por Nicola Sturgeon en el Parlamento de Holyrood, con el fin de acabar con las exenciones fiscales de que disfrutan los cotos de caza, y de obligar a los terratenientes a vender las tierras que no sean usadas para el beneficio de la comunidad. En Escocia, 432 personas son propietarias de la mitad de la tierra, y los nacionalistas están decididos a atacar ese anacronismo feudal y que el Estado recupere medio millón de hectáreas de aquí al 2020.
“La reforma es fundamental para la prosperidad y crecimiento económico del país, para un desarrollo sostenible, la creación de empleos y que futuras generaciones tengan acceso no sólo a la tierra, sino a alimentos, energía y vivienda de buena calidad y más baratos –dice la ministra Aileen McLeod, perteneciente a la hornada de diputados del SNP elegidos en las elecciones de mayo y responsable del tema–. Es inaceptable la enorme cantidad de terrenos que hay en desuso, que no se dedican ni a la agricultura ni a la ganadería porque sus propietarios los reservan para invitar a cazar ciervos de vez en cuando a un grupo de amiguetes privilegiados”.
Los tories, sin embargo, denuncian que se trata de una decisión ideológica sin ningún tipo de fundamento económico, que va a incrementar la burocracia y la interferencia del Gobierno, y ahuyentar a los hombres de negocios con las subidas de tasas e impuestos. William Astor, un terrateniente cuyos antepasados estadounidenses compraron hace un siglo la isla de Jura, ha escrito un polémico artículo en el que establece un paralelismo entre la reforma agraria escocesa y la expropiación de tierras a los granjeros blancos por parte del régimen de Mugabe en Zimbabue.
Algunos empresarios y académicos escoceses anti independentistas dicen que se sienten “intimidados”, y no hablan públicamente en contra de la soberanía por miedo a caer en desgracia ante el Gobierno y que sus contratos de obras públicas o suministros de fondos no sean renovados. “Hay muchas presiones. El SNP es vengativo –afirma Gavin Hewitt, un ex embajador inglés con intereses en la industria del whisky–. No se olvida de quienes discrepan”. Kevin Hague, que emplea a 20 personas en el sector de ventas por internet, lamenta que el partido no haga nada por frenar los correos insultantes que algunos de sus militantes más fanáticos envían a los unionistas. El profesor Adam Tomkins, de la Universidad de Glasgow, cree que Escocia vive un proceso de ulsterización, con una rivalidad e intolerancia entre ambos similar a la de católicos y protestantes en Irlanda del Norte
“Está claro que el progreso de Escocia no interesa al centralismo inglés, ni a los tories ni a los laboristas –denuncia el politólogo Leith McIntyre–. Lo que pretenden es que seamos lo más pobres posible, porque la independencia económica favorece la independencia política. En Londres se regodean cada vez que baja el precio del petróleo del mar del Norte y las cuentas del SNP para financiar un hipotético presupuesto se desbaratan. Es lo que los alemanes llaman shadenfreude (alegría por el sufrimiento o penurias de los demás), pero a la británica”.