Mataró busca cómo acabar con un nido de traficantes en viviendas para jóvenes

Nadie sospechaba en enero del 2009 que los 96 pisos de alquiler para jóvenes que inauguraba el presidente de la Generalitat, José Montilla, en el barrio Pla d’en Boet de Mataró, junto a la comisaría de Mossos, acabarían convirtiéndose en el cuartel general de una banda de traficantes de droga liderados por quien se hace llamar “el Búlgaro”, cuya activi- dad tiene atemorizados a los vecinos, muchos de los cuales ya han emigrado al ser objeto de robos y amenazas. El Ayuntamiento de Mataró exige remediar esta situación ante los tribunales.

Entraron a la fuerza hace tres años robando indiscriminadamente en las pocas viviendas alquiladas, ya que la promoción no tuvo el éxito esperado por lo reducido de los pisos, unos 50 m2. “No podíamos ni dejar el coche en el parking y si denunciabas te amenazaban con cortarte el cuello”, recuerda un vecino que huyó y aún padece secuelas psicológicas. Conocedor de la situación, la administración competente, el Incasòl, mientras estudia hacer los pisos más grandes, cada doce horas envía vigilantes privados “para evitar más ocupaciones”.

Una vez asentados, los traficantes han ampliado su radio de acción a otras poblaciones como Arenys de Mar y adquieren bares y comercios que podrían estar usando como tapadera mientras trafican simulando ser inocentes criadores de pájaros o vecinos con carritos de la compra. Esta parte del barrio, conocida como Torre Llauder, pese a contar con la presencia de los Mossos, es para los residentes es un “gueto peligroso”. Es tal la situación que los que aún se alojan allí deben conocer los códigos o señales para acceder a sus domicilios de noche sin ser confundidos por policías o miembros de clanes rivales. El negocio, no obstante, no se limita a la droga ya que los pisos vacíos son realquilados a delincuentes que salen de la cárcel o a peque- ños camellos que buscan reinsertarse en el hampa. El agua y la luz es gratis, anuncian, porqué está conectada fraudulentamente a la red pública.

Los Mossos conocen la situación con detalle y aseguran intervenir en casos puntuales, pero carecen de una orden judicial para actuar. La acción judicial se limita a cuatro denuncias por usurpación, delito que prescribe al año de cometerse. Por ello, el nuevo gobierno municipal (PSC-CiU) ya ha abordado la situación y prevé movilizar a jueces y fiscales para modificar los procedimientos y declarar a los inquilinos “grupo criminal” y así proceder a su desalojo y detención.