Josefa vuelve a casa
La Audiencia de Las Palmas libera a la ‘abuela de Fuerteventura’ sin esperar el indulto de hoy
Esta mujer hizo las obras que la llevaron a prisión para que los servicios sociales no le quitaran a sus nietos Ella, sus dos hijos y sus tres nietos sobreviven con 720 euros al mes y lo que gana vendiendo panes a los turistas
Josefa Hernández abandonó ayer por la tarde, sobre las 17.25 horas, la prisión de Tahíche (Lanzarote) después de que la Audiencia de Las Palmas aceptara el recurso de la Fiscalía y revocara el auto del Juzgado de lo Penal número 2 de Puerto del Rosario, que había ordenado su ingreso en prisión por un delito de desobediencia. Esta vecina de Fuerteventura había sido condenada a seis meses de cárcel por negarse al derribo de su casa, que había construido en un espacio natural protegido. De todas formas, la sección primera de la Audiencia ha impuesto dos condiciones para que la pena de prisión siga en suspenso: debe derribar las obras que realizó ilegalmen- te en un plazo de seis meses y no podrá cometer delito en cinco años. Al abandonar la cárcel, Josefa Hernández dijo estar “superfeliz y muy, muy agradecida” y señaló, rodeada por sus dos hijas: “Les agradezco a todos tanta felicidad. No tengo palabras para agradecer la felicidad de poder volver con mis nietos”. A las puertas de la prisión, la abuela de Fuerteventura quiso dejar testimonio de lo bien que la han tratado tanto los funcionarios del penal, como las demás reclusas.
El encuentro con las personas que la esperaban en la calle fue intenso, pero muy breve, porque Josefa tenía prisa por coger el primer barco a Fuerteventura. “Lo primero, me voy a mi casa a ver a mis nietos... y muy contenta”, decía.
La vida de Josefa Hernández Goez se resume en dos palabras: trabajo y sacrificio. Primero por sus siete hijos y después, a sus 63 años, por los tres nietos que viven hoy bajo su responsabilidad ya que su madre –Cristina, de 38 años– tiene una discapacidad a causa de un trastorno bipolar que le incapacita para hacerse cargo de ellos. Hoy Josefa recibirá el indulto que le hubiera permitido salir de la prisión de Tahíche (Lanzarote) en la que ingresó el lunes por negarse a derribar su vivienda, construida en el parque rural de Betancuria. Pero la Audiencia se adelantó al Gobierno. En los próximos días, además, recibirá también una vivienda “provisional” cedida por las administraciones canarias para evitar que la familia se quede en situación de desamparo. El Gobierno canario le cederá una vivienda en Puerto del Rosario, mientras se lleva cabo la remodelación de la parte de la casa que no está afectada por la sentencia.
Sin embargo, esto poco cambiará su vida. Ella, sus tres nietos –Yoel (13 años) Albi (10) y Yanira (6)–, su hija Cristina y su hijo Suso –que volvió a casa tras separarse y que no tiene trabajo ni paro– sobreviven con 720 euros al mes. Los 400 euros que cobra Cristina por los niños y los 320 euros que percibe Josefa tras haber realizado un curso del Ayuntamiento de Betancuria, prestación que se agotará en unos meses. Cuando suceda, Josefa tendrá que volver a hacer los dulces y panes que lleva años elaborando y que vende a los turistas para poder comer. Un trabajo que hace con el mismo sacrificio con el que, de joven, sacó adelante a sus siete hijos, al tiempo que compaginaba su trabajo haciendo camas en los hoteles del sur de Gran Canaria con el de las tomateras. Su hija Minerva apunta, de forma espontánea, que la actividad es ilegal, pero que su familia tiene que comer. “Es ilegal, pero no roba a nadie. Todo lo hace por su familia”, señala.
Igual que las obras que realizó en su vivienda en el 2007, después de que los servicios sociales le advirtieran de que o arreglaba la casa o le quitaban a los niños. Entonces y según señala el alcalde de Betancuria, la casa, que es de autoconstrucción, “se venía abajo y había que hacer algo”. Para evitarlo, Josefa arregló los techos con dinero que le facilitó el Cabildo de Fuerteventura y amplió la casa 20 metros. Lo que no imaginaban entonces es que aquella obra de ampliación les iba a costar una denuncia del Seprona y un juicio en el 2012, que condenaría a su madre a seis meses de prisión, una multa de 700 euros y al derribo de lo que se construyó. “Mi madre pagó la multa, pero no tiró la casa porque no tenía donde ir”, señala su hija, que reconoce que la vida de su madre ha sido “muy dura”.
Nacida en Betancuria en 1952, cuando la miseria y el hambre azotaban Fuerteventura y ni de lejos se atisbaba el tirón turístico de años después, Josefa se fue a trabajar a Gran Canaria donde conoció a su marido y tuvo a sus siete hijos. Tras separarse, en 1991, volvió a Fuerteventura con toda su prole y se puso a trabajar en el tomate. Tuvo suerte de que la empresa facilitaba casa a sus trabajadores y así se garantizó un techo bajo el que dormir. En 1995, inició la autoconstrucción de su casa en una parcela heredada de su padre y en una zona en la que había ocho casas más, todas de familiares. La terminó en 1999, el mismo año en el que se aprobó definitivamente la protección medioambiental a la zona. Actualmente sólo la casa de Josefa tiene orden de derribo a consecuencia de la ampliación realizada.