Cultura a la vista..., ¡al abordaje!
La industria se reúne el día 9 con el ministro para exigirle dureza contra la piratería
Venga. Que lluevan las leyes antipiratería, que caigan sobre la audiencia los espots disuasorios, que suban las sanciones a las páginas de descargas... Todo eso es una suave música de fondo, un rumor levemente amenazante que, según ha podido comprobar este diario, no llega a los oídos de los centenares de miles de personas –adolescentes, padres de familia, jubilados– que, en España, se descargan contenidos piratas. Series televisivas, libros, películas, canciones, videojuegos y hasta partidos de fútbol son consumidos a diario, de forma frenética, por tal cantidad de usuarios –el sector calcula que el 58% de los consumidores se baja contenidos ilegalmente– que resulta problemático aplicar a tamaña multitud la etiqueta de delincuente. Es más realista hacer como la policía antidrogas, y limitarse a perseguir al traficante sin criminalizar al consumidor.
¿Cuál es la situación, al año escaso de aprobarse la reforma de la ley de Propiedad Intelectual? Dicha reforma, que entró en vigor en enero, permite que un organismo de la administración, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI), acepte ya no sólo solicitudes contra webs con contenidos ilegales, sino también contra páginas de enlaces, que describen o localizan a las primeras. Además, se establecen “sanciones económicas de 150.001 a 600.000 euros para los casos de incumplimiento reiterado de los requerimientos de retirada de contenidos ilegales” y también para los colaboradores, lo que incluye a los anunciantes que aparecen en esas webs.
Las gestoras de derechos, agrupadas en el galáctico nombre de La Coalición –se ignora si porque las majors de Hollywood tienen un peso importante–, se quejan de que, en este período, tan solo se ha cerrado una página de descargas, The Pirate Bay. Tienen una reunión prevista con el nuevo ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el 9 de septiembre, donde le reclamarán que tome nuevas medidas, sugiriéndole incluso “cambios drásticos”. La directora de la Coalición, Carlota Navarrete, lo sintetiza: “Tras nueve meses de ley, no hay resultados. Queremos que se cierren páginas”.
Los datos indican que, de las 16 denuncias presentadas en el 2015, que afectan a más de 30.000 obras, “sólo se ha iniciado un expediente y dictado una única resolución. Es decir –afirma la Coalición– , el 93,7 % de las denuncias del 2015 no han dado lugar al inicio de procedimiento alguno”. El panorama que pintan es dantesco: “Más de 4.316 millones de accesos ilegales, 1.700 millones de euros de lucro cesante para el sector, 30.000 empleos perdidos y 630 millones de euros que no ingresan las arcas públicas”.
Pero fuentes del ministerio responden que “la ley exige, para la imposición de sanciones, que el incumplimiento de los requerimientos de retirada sea reiterado. Como las primeras solicitudes no fueron presentadas hasta marzo, de momento no se ha producido un incumplimiento reiterado por parte de nadie”. También recuerdan que se trata de un procedimiento administrativo y que la industria debería
recurrir más a los tribunales. “La resolución de un proceso penal son siete años –replica Navarrete–, uno civil de tres a cinco años. La vía administrativa se creó justamente para ganar rapidez. Casi todos los países de nuestro entorno cuentan con una ley mejor: Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Dinamarca... no tienen ningún problema en ir bloqueando páginas piratas, obligan a las operadoras telefónicas a hacerlo, y los índices de consumo ilegal descienden notablemente. Pero aquí... es que las webs piratas están hasta mejor diseñadas que las legales, y los usuarios no pueden percibir eso como algo fraudulento porque, se dicen, ‘si esto estuviera mal ya lo habrían cerrado’”.
Mientras, en Barcelona... “Cada vez que necesito un libro, me voy a Google”, comenta Santiago, un conocido escritor. “Tecleo el título, el autor y pongo pdf o epub. Y mucha paciencia, un buen pirata no se rinde. ¿Qué título probamos?”. “El
amante japonés, de Isabel Allende”, respondemos. Tras pasar por una serie de páginas intermedias (anotamos: fluxy, uploaded.net, seduccionentrelibros.blogspot, onedrive.live.com...) e introducir un código visual para indicar que no somos unos robots, el libro aparece ante nuestros ojos en la pantalla, en formato word. Han bastado tres minutos. “A veces es muy fácil, otras tardas un ratillo”, comenta este usuario, quien admite que, si bien a veces puede bajarse algún virus, por lo general se trata de daños menores.
“Si existiera un mecanismo sencillo y a un precio razonable para bajarse libros, como Spotify en la música, yo sería usuario legal –comenta–. Pero muchas novedades no están disponibles. Y no tiene sentido que un e-book cueste 14 euros, a veces 18, cuando por 5 o 10 euros tienes tarifa plana para escuchar todas las canciones del mundo. La oferta pirata funciona mejor que la industria legal: por ejemplo, hay traducciones de libros hechas por fans, de autoras como Cate Clarke, que aparecen en internet antes de que se haya traducido en España”. En esta línea, varios libreros consultados –entre ellos, Lluís Morral, de Laie– afirman que “nos llegan quejas de usuarios de ebooks, que tienen problemas para poder leer los libros que han comprado legalmente”, por incompatibilidades de formatos y filtros de seguridad.
Marc, un editor adicto a las series, dice: “No puedo esperar a que aparezcan las últimas temporadas de
Mad men o Juego de tronos. En el circuito pirata las tengo al mismo tiempo que en EE.UU”. Navarrete sonríe: “En ningún otro producto, si uno no está de acuerdo con el precio o la fecha de salida, lo roba”.
Marcela, otra usuaria de contenidos ilegales, utiliza ares, un programa “útil para películas, libros, to- do... A ver cómo consigo, si no, la filmografía completa de Takeshi Kitano”. Bajarse una película, eso sí, tarda horas. De ares le gusta “su sistema de clasificación, que te permite curiosear: pongo novela negra y me sale un listado de títulos clasificados por subdivisiones, como no
vela negra escandinava. ¿Qué sistema legal me da eso? Tengo una biblioteca digital de 50.000 títulos, entre ellos muchos de filosofía que encontré gracias a estas etiquetas”.
La herramienta estrella de las descargas es Torrent. “En una sociedad donde nos imponen más paro, precariedad laboral y sueldos más bajos, la piratería cultural es el reverso –comenta Marcela–. La gente gasta primero en comida y ropa. La cultura viene luego, pero eso no significa que renunciemos a ella”. Va más allá del mundo digital: “Yo no renunciaré a leer”, asegura Dánae, una estudiante de Arquitectura que acaba de adquirir, ante nuestros ojos, el cuarto volumen de
Millennium en el mercado dominical de Sant Antoni por 18 euros (cuesta 22,50 en las librerías).
Pirate Bay, la página que cerró el ministerio, sigue funcionando, según nos muestra Félix, un estudiante de bachillerato. Otros usuarios nos muestran la velocidad con que se bajan series por Mega, algunos prefieren Pordede, en streaming... ¿Cómo puede ser que exista Pirate Bay si la clausuraron? “Sí, la van cerrando pero la reabren en dominios diferentes, hay una página que te indica cada día los mejores pirate ba
ys, uno tiene que estar actualizado”, asevera Félix, haciendo sentir un troglodita a su interlocutor. “El cierre debería hacerse extensivo a todos los dominios que utilicen para burlar la ley”, pide Navarrete.
En el ministerio resaltan que no sancionarán a usuarios, “algo que se ha intentado en algunos países de nuestro entorno y que ha mostrado unos resultados muy limitados frente a una dedicación muy importante de recursos públicos”.
Frente al tópico, España no es el peor país del mundo en cuanto a descargas ilegales. En Latinoamérica existen incluso grandes almacenes de venta de productos piratas. El Gobierno afirma que “los estudios que tienen en cuenta variables como la población o el tamaño de la economía, indican que España ocupa un tramo medio o bajo en cuanto a descargas ilegales. Antes de la entrada en funcionamiento de la sección segunda de la CPI, entre las 250 webs más visitadas en España (lista Alexa) había 30 dedicadas a alojar o enlazar contenidos ilegales. Ahora sólo hay 12”.
La Coalición replica que sus estudios son rigurosos, y que el consumo ilegal ha pasado del 51 al 58%.
Pese al endurecimiento de la ley, siguen produciéndose millones de descargas “La oferta pirata es mejor que la legal, no sólo es cuestión del precio”, afirman algunos usuarios