Cultura y piratería
EL 58% de los productos culturales que se consumen en España son piratas. Es decir, más de la mitad de la música, los libros, las series televisivas, las películas o los videojuegos que los usuarios escuchan, leen o miran no devengan ningún beneficio a sus creadores o productores. Es fácil colegir de lo dicho que la supervivencia de la industria cultural está amenazada. Como lo estaría la industria de la automoción si el 58% de los coches no rentara nada a sus fabricantes.
España tiene fama de ser uno de los países europeos en los que la piratería cultural campa a sus anchas. Esta ha sido una queja histórica del sector, que ha visto disminuir sus ingresos paulatinamente. Fue por ello muy bien recibida la ley de la Propiedad Intelectual que entró en vigor el pasado mes de enero. Su objetivo era claro: combatir a los piratas que a través de distintos portales en la red obtienen beneficios por obras que no han creado, hurtándolos a sus legítimos autores.
Por desgracia, el rendimiento de dicha normativa es escaso. En los meses transcurridos desde que la ley está en vigor, tan sólo se ha cerrado una página de descargas, la denominada Pirate Bay. Y ni siquiera esta sigue inoperante, tras recurrir a dominios alternativos para seguir con su actividad. De poco ha servido este cierre. Y de nada han servido hasta la fecha los dieciséis expedientes de cierre incoados a otros tantos portales desde los que se distribuyen bienes culturales pirateados. Eso es tanto como decir que alrededor del 94% de las denuncias cursadas han sido hasta ahora inútiles.
El auge de la piratería tiene razones coyunturales perfectamente comprensibles. Buena parte de sus usuarios carece, tras tantos años de crisis, de recursos económicos para disfrutar de las canciones, las películas o las series. Pero no de ganas de hacerlo. Y la piratería, muy bien organizada en la red, les da lo que su tesorería les niega. Ahora bien, lo que a primera vista puede ser muy ventajoso para el usuario constituye una amenaza a medio y largo plazo para el sector cultural. No hay ningún motivo para pensar que el trabajo cultural no debe ser remunerado, y menos todavía para tolerar que su fruto vaya a parar al bolsillo de los piratas. Es por ello que el sector cultural se reunirá con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, el próximo miércoles, para exigirle mayor efectividad en la aplicación de la ley. Le va la vida en ello. Y lleva toda la razón. Porque es de justicia que el trabajo sea retribuido, y porque difícilmente puede sobrevivir un sector que en lo que va de año ha acumulado ya un lucro cesante de 1.700 millones de euros.