Las bazas del Gobierno
La vicepresidenta Sáenz de Santamaría se mostró segura el pasado lunes al afirmar en la cadena Ser –la escuché en el estudio– que el Gobierno tenía “una estrategia para los catalanes, pero no para los independentistas” porque cualquier concesión a estos juega en política como las “metas volantes” en el ciclismo. Desde una decisión, ahora definitiva, de no conceder ni un centímetro de terreno al secesionismo de la lista unitaria, el Ejecutivo de Rajoy ha sacado la artillería abriendo fuego graneado después de una legislatura quietista salvo en las impugnaciones judiciales que, a la postre, no han impedido que el proceso soberanista haya avanzado a grandes zancadas.
Lo esencial del 27-S para el Gabinete de Rajoy se remite a su repercusión sobre las elecciones generales del mes de diciembre porque el fracaso de Junts pel Sí sería, con la mejoría económico-social, el más sugestivo trofeo para presentarlo ante una afición electoral decaída y decepcionada. En Catalunya se dirime el día 27 la suerte electoral del PP en las generales. Tarde, pero sus estrategas parecen haberlo comprendido. Incluso su presidente, hiperactivo el pasado agosto, se ha autodefinido como “el rey de las ruedas de prensa” pasando, al decir de algún castizo, de “plasma a plasta”. El proceso catalán ha terminado por motivarle tanto o más que la macroeconomía.
Rajoy ha interiorizado que él –y sólo él– tiene que sustituir con su actividad y presencias la carencia de medidas de refresco en el PP y en el Gobierno tras el desplome de sus listas el pasado 24 de mayo. Y Catalunya, en esa estrategia, es decisiva, no sólo por la naturaleza del asunto que se ventila –la precariedad de la integridad territorial del Estado– sino porque, además, esa es una cuestión de la máxima sensibilidad para la derecha española. Aunque Felipe González (y Alfonso Guerra) haya roto con su carta “A los catalanes” el monopolio popular del discurso terminante y la semántica rotunda, aunque con una sustancial matización ayer en La Vanguardia, buena parte de la derecha española reprocha al presidente del Gobierno no haber encauzado y detenido la deriva separatista de Mas y Junqueras y que sus comportamientos ante los jalones del proceso soberanista se hayan asemejado más a los de la izquierda colaboradora históricamente con los nacionalismos que a los propios de los líderes de su identidad ideológica (Aznar en el recuerdo).
La designación de Xavier García Albiol como candidato popular el 27-S se inscribe en la lógica de la decisión estratégica adoptada: máxima dureza al encarar esas semanas cruciales transmitiendo al electorado la determinación que antes echó en falta desde la Moncloa. En ese contexto habrá que interpretar la movilidad internacional de Rajoy –esa semana con Merkel y Came- ron– que tratará de acumular apoyos foráneos y domésticos –empresariales e intelectuales– que impacten en una ciudadanía que, según las encuestas, no estaría tan confiada como creen los independentistas en las bondades de la ruptura de Catalunya con España. La visibilidad máxima de los casos de corrupción de CDC está en el arsenal preelectoral del PP como se ha podido comprobar, aprovechando, en los registros policiales a las sedes de la Fundación de CDC por denuncia de ERC.
Una de las medidas estrella del preámbulo electoral del 27-S ha sido la proposición de ley del grupo parlamentario popular para dotar al Tribunal Constitucional de facultades de ejecución de sus propias sentencias que –y esta es una realidad objetivable– Mas y sus aliados han incumplido, situación que se ha agravado por la paralización de hecho –no de derecho– de la tramitación de la querella contra el presidente de la Generalitat por varios presuntos delitos cometidos a propósito de la convocatoria del 9-N. El Gobierno y el PP quieren demostrar, al límite de la legislatura, sin guardar las formas, que utilizan la eficacia de la mayoría absoluta al servicio del Estado y de sus propias posibilidades electorales sin que ni a aquel ni a este les importe demasiado la denuncia coral de la oposición a una medida legislativa extemporánea que comporta, en mi opinión, muchos más reproches políticos que jurídicos.
El 27-S acumula, en sus poliédricas facetas, una más de esencial importancia: los comicios catalanes serán un adelanto de las generales porque, además de probar la (no) política del Gobierno en Catalunya, auscultarán a Ciudadanos y radiografiarán el equilibrio de las fuerzas de la izquierda que va de Catalunya Sí que es Pot al PSC. El Gobierno va a jugar todas las bazas y lo va a hacer a fondo, hasta el punto de permitir la banalidad de García Albiol cuando sostiene que “esta broma se va a acabar”. ¿Choque de trenes? Por supuesto. Ya se está produciendo y el siniestro se augura todavía de mayores proporciones.
Los estrategas del PP han entendido ya que su suerte en las generales se dirime el 27-S