La reforma del TC busca esquivar una suspensión de la autonomía
Rajoy quiere frenar en seco que Mas cree estructuras de Estado Los miembros del Constitucional temen por la estabilidad del órgano
La ampliación de competencias del Tribunal Constitucional para que se garantice la ejecución de sus sentencias es un intento del Gobierno de esquivar una posible suspensión de la autono- mía y evitar que la Generalitat cree estructuras de Estado y, después del 27-S, haya una declaración de independencia. Los miembros del Constitucional se muestran críticos.
La ampliación de competencias del Tribunal Constitucional (TC) para garantizar la ejecución de sus sentencias ha sido puesta sobre la mesa por el Gobierno de Mariano Rajoy con el fin de frenar en seco la creación de estructuras de Estado por parte de la Generalitat y cualquier posible declaración de independencia por parte del Parlament, como se ha propuesto el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Esa es la conclusión a la que ha llegado el propio TC –preocupado por los efectos del proyecto del Ejecutivo para su estabilidad interna–, y así lo explican sin reservas los responsables de los laboratorios jurídicos del propio Gobierno español.
Las estructuras de Estado. Si el Constitucional no ha tenido antes las facultades de ejecución que ahora se le otorgan es porque no se había planteado la situación en que pudieran ser necesarias. Pero el Ejecutivo se volcó en el estudio del proyecto en cuanto la Generalitat anunció el inicio de un proceso de creación de las estructuras y organismos propios de un Estado, junto a la exposición de la firme voluntad de llevarlo a cabo, si fuera preciso, contra viento y marea.
El Constitucional, a su vez, se hace muchas preguntas sobre los efectos de estas modificaciones legales en su funcionamiento interno y su imagen pública. Paralelamente, los Reyes acudirán a la sede del TC pasado mañana para presidir un acto conmemorativo del 35.º aniversario de su puesta en marcha, una visita que resulta muy significativa en este momento.
De forma consciente, el Gobierno central ha querido tener al Tribunal Constitucional al margen de la reforma para no contaminarlo, porque es más que probable que la ley sea objeto de un recurso de inconstitucionalidad. Esta impugnación tendría que ser resuelta por los propios magistrados integrantes de la institución.
El comisionado, detonante. Pero al margen de estas consideraciones, el Ejecutivo estaba desde comienzos del verano firmemente convencido de que la reforma del Constitucional era ineludible para parar el proceso soberanista catalán. El detonante provino de las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el comisionado para la Transición Nacional. El Ejecutivo recurrió el decreto de nombramiento del comisionado y pidió su suspensión. Lo que se pretendía era impedir la creación de este tipo de estructuras. Durante el verano, los laboratorios jurídicos del Gobierno han trabajado en la creación de un mecanismo que pueda servir para evitar que la Generalitat siga sin diques efectivos por este camino.
Incidentes de ejecución. La Abogacía del Estado, en suma, no se va a limitar a recurrir todas las disposiciones que supongan la creación de organismos propios de una administración estatal, sino que a partir de ahora exigirá su estricto cumplimiento planteando incidentes de ejecución de sentencia a cada paso, siempre que tenga indicios de que alguna resolución del Constitucional no se está cumpliendo o no se está llevando a la práctica en todos sus términos. Tanto o más que la creación de la figura del comisionado, lo que preocupa a los impulsores de la reforma es que se haya anunciado que la creación del andamiaje estatal va a continuar con otros organismos, por ejemplo en el terreno de las finanzas públicas. La falta de previsión legal sobre cómo garantizar el cumplimiento de las sentencias del TC generó en el Ejecutivo el temor de que la Generalitat siguiera promoviendo este tipo de estructu- ras “en rebeldía”, sin que nada ni nadie pudiera impedirlo.
Abierto el debate, la reforma optó por la vía “menos aparatosa” –en expresión de un miembro del Ejecutivo- para lograr la efectividad de las resoluciones del TC, en lugar de dejar la puerta abierta a una posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que permite la suspensión total o parcial de una autonomía. Lo que quiso impedir el Ejecutivo es que se llegara a un punto en el que dicho artículo fuera el único resorte legal en sus manos para oponerse a las iniciativas de la Generalitat en el proceso soberanista.
El desplazamiento de responsabilidades hacia el TC genera, sin embargo, otro tipo de problemas. En primer lugar, la perplejidad del propio Constitucional, que no está acostumbrado a
El precedente del 9-N.
El dramatismo del 155. La experiencia del 9-N ya generó en los laboratorios jurídicos del Gobierno una preocupación evidente. Ese malestar se incrementó luego ante la falta de avances de la querella por desobediencia presentada contra Mas por la celebración de la consulta y ante la adopción de nuevas decisiones en el proceso para alcanzar la independencia de Catalunya.
El problema era cómo afrontar estas iniciativas sin el dramatismo de la suspensión de la autonomía. Pero entre los miembros del TC la inquietud proviene de la idea de que el Gobierno les ha dejado con la patata caliente mediante una reforma que plantea incluso dudas de constitucionalidad. Los magistrados se preguntan si basta trasladar al Constitucional los mecanismos propios del derecho administrativo para garantizar que una sentencia se ejecuta, en este caso tras la suspensión de un presidente autonómico, y sin escucharle previamente. Y se preguntan también qué pasa con las competencias de ese presidente una vez suspendido. Es decir, ¿quién ejerce sus atribuciones, sin haber sido investido por el Parlament? También se preguntan cuándo y cómo habrá que considerar que una sentencia se ha ejecutado.
Las dudas del TC. Si el Parlament aprueba una declaración unilateral de independencia, por ejemplo, y el TC la anula, ¿cuándo habrá que considerar que se ha cumplido la resolución? ¿Y si el Parlament se ratifica en su declaración? ¿Se puede suspender a parte de una asamblea parlamentaria? ¿No supondría eso una alteración del resultado electoral? Hay muchas preguntas, en suma, que por el momento quedan en el aire, a la espera de las situaciones que se varan produciendo. Está claro, en todo caso, que el Gobierno quiere que el Constitucional actúe con todas sus consecuencias contra el proceso soberanista catalán y que el TC, a su vez, se plantea muchas incógnitas sobre su papel en el futuro y no descarta que parte de la propia reforma sea contraria al espíritu y la letra constitucionales. perseguir a nadie para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Esto ya se vio muy claro con motivo de la consulta del 9-N, porque la Abogacía del Estado sugirió que se notificara personalmente al presidente de la Generalitat, Artur Mas, la prohibición de la iniciativa, y el TC se limitó a acordar la suspensión y hacer pública su decisión, dando por supuesto su cumplimiento.