Los temas del día
La lucha contra los pisos turísticos ilegales, que dañan la convivencia ciudadana y la economía; y la nueva etapa que se abre en Guatemala tras el procesamiento de su ya expresidente Otto Pérez Molina.
SIETE millones y medio de guatemaltecos estaban ayer convocados a votar en las elecciones legislativas. No han sido estos unos comicios cualquiera, sino marcados por la circunstancia excepcional que supuso la dimisión y el inmediato encarcelamiento, el pasado jueves, del presidente Otto Pérez Molina. Sean cuales sean los resultados de esta primera vuelta electoral –probablemente no concluyentes, lo que obligará a ir a una segunda vuelta prevista para el 25 de octubre–, puede decirse ya que Guatemala inicia una nueva etapa. O, por decirlo con más precisión, que ha sentado las bases para una nueva etapa de convivencia. Es muy infrecuente que una movilización popular como la emprendida la pasada primavera contra la corrupción que carcomía las altas instancias del país termine como ha terminado esta: con la detención de los más destacados funcionarios y un generalizado y exitoso rechazo colectivo a las corruptelas que aquellos aplicaban en su beneficio.
El general retirado Pérez Molina llegó al poder en el 2012, con la promesa de trabajar por la reconciliación de su país. Le avalaban, entre otras acciones, su participación en las conversaciones de paz en 1996 y unas propuestas en pro de la legalización de drogas hechas en la escena internacional que no fueron mal recibidas. Pero, durante los últimos meses, ha vivido bajo crecientes sospechas de corrupción, que le afectaban a él y a un centenar de colaboradores.
No puede decirse que la corrupción sea un fenómeno raro, tampoco en Latinoamérica: quince de los 39 presidentes que han dirigido los seis países centroamericanos en los últimos 25 años han vivido o viven bajo específicas sospechas de corrupción. Pero el caso de Pérez Molina, como decíamos, presenta ribetes particulares. En primer lugar, porque no suele ocurrir que un presidente se someta a la justicia sin ofrecer gran resistencia, por más que previamente fuera detenida su vicepresidenta Roxana Baldetti. Y, en segundo lugar, porque la resolución de esta crisis de Estado abre una puerta a la esperanza en un país corroído por las malas prácticas, que, sumadas a importantes deficiencias estructurales, han supuesto una pesada losa sobre su presente y su futuro.
La trascendencia de este caso es notable. También lo es el triunfo de la justicia sobre los mandatarios que desde su privilegiada posición medraron de modo tan censurable. En la mano de los guatemaltecos está ahora la posibilidad de elegir otro presidente y otro gobierno, sabedores además de que es posible deponerle si no cumple con toda honorabilidad su misión.