Contra los pisos turísticos ilegales
CATALUNYA ha dado un paso adelante en la lucha contra los pisos turísticos ilegales. El segundo portal de reservas más grande del mundo, Booking.com, ha llegado a un acuerdo con la Generalitat para expulsar de su seno las ofertas que no disponen de licencia. El pacto tiene la virtud de que puede obligar al resto de las agencias on line a tomar el camino de la normalización y resolver un contencioso que no sólo presenta ilegalidades, sino que además afecta a la recaudación de la tasa, produce agravios a los que sí cumplen con la ley y causa malestar a los vecinos. El día antes de hacerse público el anuncio del acuerdo, dos centenares de residentes en la Barceloneta se manifestaron ruidosamente por el centro de la ciudad para reclamar una mayor eficacia en la lucha contra estas prácticas, hartos de los ruidos nocturnos y de las borracheras callejeras.
La agencia Booking.com dispone en su web de más de 4.000 ofertas de apartamentos en Catalunya, 1.300 de ellos en Barcelona. Se calcula que un 20% de esta oferta no cumple con la normativa vigente, y el acuerdo dispone que, en los próximos cuatro meses, la agencia se compromete a retirar de la página on line los ilegales. La normativa de la Generalitat, en vigor desde el 2013, obliga a los propietarios de pisos, apartamentos y villas destinados al turismo a cumplir unos mínimos requisitos de calidad y de transparencia fiscal para poder entrar en el Registre de Turisme de Catalunya (RTC). La cuestión es que las agencias internacionales, especialmente las cinco grandes que monopolizan prácticamente este mercado en la red y que tienen sus sedes en otros países, se amparan en el marco jurídico europeo, que, en líneas generales, exonera a las agencias de cualquier responsabilidad fiscal respecto de la oferta. De ahí que el acuerdo con Booking.com, que tiene su central en Amsterdam, sea tan trascendental para llegar a la resolución de un tema tan complejo como capaz de sortear las normativas de los países, como ha sido el caso español y catalán. Si, además, se consigue que tenga un efecto dominó en el sector, miel sobre hojuelas.
El progreso en la lucha contra los pisos turísticos ilegales tiene también otras vertientes. El trabajo de los inspectores, no siempre fácil por cuanto los propietarios aconsejan a los usuarios que no les franqueen la puerta del piso o del apartamento para verificar las condiciones y su legalidad, está teniendo un efecto positivo. Por ejemplo, el RTC ha cerrado el pasado mes de agosto con más de 45.000 apartamentos inscritos, casi un 10% más que hace tres meses, lo que indica que es un sector que crece y que, en su mayoría, lo hace de forma legal, fruto sin duda de la presión institucional, vecinal y mediática sobre el problema.
Quedan por delante otras cuestiones por resolver. Desde quiénes recaudan la tasa turística, hasta la implicación del resto de las instituciones en la legalización del sector. Por ejemplo, desde que llegó a la alcaldía de Barcelona el actual equipo de gobierno, se está pendiente de una reunión para unificar criterios entre la Generalitat y el municipio. En este sentido, los nuevos munícipes son partidarios de incentivar a los turistas para que presenten denuncias contra los pisos ilegales, una política cuya eficacia resulta cuando menos polémica.
Es de todo punto necesario que las administraciones se coordinen para mejorar un sector que presenta problemas de transparencia, control y calidad, al tiempo que su crecimiento causa malestar en el sector hotelero, por el agravio comparativo, y en el vecindario.