Sobre el bienestar
En un trabajado artículo periodístico que mereció un editorial de La Vanguardia, Jordi Goula remarcaba hace poco las diferencias entre países en el gasto social, y público en particular, para concluir que el Estado de bienestar ha retrocedido en España, gastando menos que sus homónimos. Sacar esta conclusión me parece que obedece más a la voluntad de conseguir titulares de lectura política que a ayudar a un buen diagnóstico para una acción futura. Porque aunque no se quiera, puede acabar dominando la idea de que es un tema de más gasto. Como he desarrollado en el libro El bienestar desigual (Peninsula 2015), es probable que la simple comparativa de números nos sea poco útil para la prognosis de lo que se tiene que hacer con nuestro Estado de bienestar. En primer lugar porque los datos necesitan trabajarse con cuidado, más allá de la comparativa de medias. Así, hay políticas de bienestar que no se reflejan en gasto público, ya sea por basarse en regulaciones que no trascienden en presupuestos estatales o porque trasladan los costes de los cumplimientos sociales en los agentes privados, por ejemplo, como se hace con las obligaciones de estar asegurado.
Al contrario, es importante conocer cómo se financian estas políticas, ya que igual gasto no genera el mismo bienestar residual cuando la financiación se rige por la capacidad de pago del contribuyente o cuando lo hace en el momento de acceso del usuario. También algunas de esas prestaciones pueden estar exentas de tributar en un caso y en otro no. En segundo lugar, las comparativas son odiosas visto que a menudo se comparan sistemas de protección social de naturaleza buscadamente muy diversa, con estructuras demográficas distintas y niveles de riqueza distintos, como ocurre entre países de la OCDE. Un país tiene el sistema de protección que deciden sus políticos, interpretando los deseos sociales, y que se puede permitir por el buen funcionamiento de su economía y de la complicidad de los contribuyentes en los cumplimientos fiscales.
Pero además, finalmente, no es importante la cuantía del gasto como lo es su composición, con el detalle correspondiente de agentes responsables, funciones e instituciones. Nuestro Estado de bienestar tiene muchos problemas y no es el mayor ni el más importante su nivel relativo de gasto público. Enderezar las políticas sociales, a mi entender, requiere identificar correctamente de dónde surgen las desigualdades y saber ver que el ámbito desde donde se combaten mejor es el del trabajo y de la familia, y no el del funcionariado. No se trata, por lo tanto, sólo de un asunto de dinero, ni de presupuesto público. El GPS nos diría hoy, creo yo, que “niños y mujeres primero”. Muy lejos por lo tanto de lo que tenemos y que tanto cuesta políticamente de reformar.
El nivel de gasto social no es la clave de nuestro Estado de bienestar