Un decreto que ahoga el Ebro
La Generalitat y los ecologistas advierten al Ejecutivo español que será sancionado por la UE por incumplir la directiva del agua
El plan hidrológico del Ebro aprobado por el Ejecutivo central supone un gran descenso del caudal mínimo garantizado del río respecto a las exigencias de los grupos ecologistas y la Generalitat, quienes advierten que la medida es ilegal y le supondrá al Gobierno sanciones y una reducción en las subvenciones de la UE.
El Consejo Nacional del Agua, organismo tutelado por el Ministerio de Agricultura, dio luz verde ayer al nuevo plan hidrológico del Ebro (2016-21) sin atender las demandas y alegaciones presentadas por la Generalitat y los grupos ecologistas para garantizar un mayor caudal ambiental en el tramo final del río y evitar la desaparición del delta del Ebro. De nada ha servido ni la firme oposición del Gobierno catalán, en consenso con las Terres de l’Ebre, ni la plantada en bloque de las entidades ambientalistas. Ahora sólo falta que el Consejo de Ministros convierta el documento en real decreto, trámite que llegará antes de que acabe el año.
Las prisas del Ejecutivo de Rajoy, que no ha cedido en la revisión de un plan aprobado en 2014 y se ha limitado a hacer valer su mayoría, se explican por la amenaza de sanciones de la Unión Europea. Tanto la Generalitat como las entidades ecologistas alertan al Gobierno de que será multado igualmente pero por incumplir la directiva europea del agua.
La Comunidad Valenciana y Navarra también votaron en contra, aunque por motivos distintos. Desde Catalunya se había exigido un caudal mínimo garantizado en años de sequía por encima de los 5.871 hectómetros cúbicos anuales, casi el doble de lo aprobado por el Ministerio de Agricultura (3.009 hm3/año). “España, si no hace bien las cosas, acabará siendo sancionada, tiene una lógica antigua; ir dando agua en función del agua disponible es un posicionamiento impropio de un país que quiere formar parte de la UE”, destacó Santi Vila, conseller de Territori i Sostenibilitat, tras asistir al Consejo del Agua.
La ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, defendió “el equilibrio entre la satisfacción de los objetivos ambientales y las demandas socioeconómicas”. La Generalitat hará llegar formalmente, en forma de voto particular, sus alegaciones, que se consensuaron con la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE). “España no hace los deberes, los procesos informativos que tiene abiertos en Europa acabarán en sanción. El Ebro es de todos, garantizar un caudal ambiental no se puede discutir”, añadió Vila.
La PDE ha ido un poco más allá y ha advertido a García Tejerina que podría estar “prevaricando”. En una misiva enviada a la ministra, la plataforma le recuerda que “la Comisión ya ha alertado al Gobierno español en diversas ocasiones sobre el incumplimiento de los tratados europeos en materia de aguas, tanto de manera pública como privada”. Los ecologistas alertan del posible “bloqueo de cuantiosos fondos europeos para actuaciones agrícolas y ambientales”.
Una decena de entidades ecologistas, con SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción y WWF a la cabeza, han consensuado un documento en el que critican el plan; denuncian que se aumente en 465.000 hectáreas los regadíos y se añadan más de 50 obras de nuevas regulaciones y embalses, “aumentando las demandas de agua hasta casi el 75% de los recursos naturales disponibles”.
El plan hidrológico del Ebro se aprobó ayer incluido en una única propuesta de real decreto, junto a los planes hidrológicos de diez cuencas intercomunitarias, con 76 votos a favor, 12 en contra y seis abstenciones.