Condenado al banquillo

En este país es relativamente frecuente que la víctima de un delito no confíe en que sus intereses sean adecuadamente defendidos por el ministerio fiscal en el marco de un procedimiento penal. Por ello, cuando lo que está en juego es importante y se lo pueden permitir, los perjudicados por un fraude contratan a abogados que ejercen en su nombre la denominada acusación particular, una institución desconocida en muchos países de nuestro entorno. Lo extraño del caso es que esta desconfianza alcanza incluso a la propia administración pública, que cuando ve peligrar sus intereses patrimoniales exige ser defendida también por la Abogacía del Estado, sin que le baste con la actuación de la Fiscalía. La teoría es que el fiscal defiende la legalidad y el letrado del Estado sólo los intereses de la administración, pero en la práctica se trata de una acusación pública duplicada que, en época de severos recortes, no estaría de más reconsi- derar. Máxime teniendo en cuenta que esta duplicidad contribuye a que los procesos vayan más lentos, a que se dificulten los acuerdos extrajudiciales y, lo que es peor, a que se produzcan pronunciamientos jurídicamente distantes y sorprendentemente distintos desde los poderes del Estado.

Esta singular doble acusación pública explica lo acontecido en el caso Messi. Mientras la Fiscalía se conforma con la condena únicamente del padre del jugador, y admite la tesis de que la estrella desconocía el detalle de la gestión de sus obligaciones tributarias, el letrado del Estado –que sirve los intereses de la Agencia Tributaria española– pide pena de prisión también para el futbolista. ¿Con qué finalidad? Pues no será con una pretensión económica, ya que los Messi reintegraron todas las cantidades que se les reclaman. Probablemente lo hará con el propósito de ejemplarizar y atemorizar a potenciales defraudadores fiscales, dejando claro que quien la hace la paga aunque –como en el caso de Messi– fueran muy jóvenes al producirse los hechos o existan serias dudas acerca de su capacidad para entender la compleja normativa tributaria y su aplicación a los entramados societarios y contractuales diseña- dos por sus familiares y asesores. En todo caso los aficionados al fútbol pueden estar tranquilos. La petición de 22 meses de prisión por parte de la abogacía del Estado no debería conllevar riesgo de ingreso en prisión del delantero azulgrana, que ya ha reparado el daño económico ocasionado y que no tiene antecedentes penales. La principal duda es si la defensa optará por ahorrar a la estrella argentina el mal trago del juicio, aceptando la pena que le pide la Abogacía del Estado, o si preferirá defender al jugador hasta las últimas consecuencias, permitiendo que se siente en el banquillo de los acusados con los consiguientes perjuicios para su imagen y la del Barça.