El texto y el gesto
La propuesta de resolución que presentaron Junts pel Sí y la CUP ha tenido una enorme repercusión. Y es natural que así haya sido: si se aprueba, constituirá el primer paso hacia la independencia mediante la secesión unilateral de Catalunya. Es un gesto rotundo, que en nueve puntos expresa sin ambigüedades la voluntad de iniciar un movimiento irreversible. En el apartado noveno, final, se expone el deseo de informar al mundo del rumbo que va a emprender el pueblo catalán hacia su República. Y en cuanto al Estado español, la propuesta de resolución dice en el punto sexto que “no se supeditará” a sus instituciones, señalando en particular al Tribunal Constitucional.
Lo que el documento propone se sitúa fuera del orden constitucional, y es tan evidente como la transparencia con la que sus autores plantean el carácter unilateral de la secesión. Cuando se habla de negociaciones, en el punto noveno, estas tienen como objetivo la efectividad del “mandato democrático” que sus autores pretenden derivar del resultado de las pasadas elecciones, tal como nos dicen en el primero de sus puntos.
Y ahí creo que está el problema: se cuente como se cuente el resultado, quienes suscriben la proposición solamente están respaldados por algo menos del 48% de los votos. Está claro que ese porcentaje es mayor que el de sus adversarios electorales, pero no otorga base suficiente para acreditar la legitimidad de la secesión unilateral. En este diario se recogían las palabras de Antonio Baños tras las elecciones: “No se ha llegado al 50% en número de votos” y “hay que renunciar a la declaración unilateral de independencia”. Tal vez por ello la proposición empieza con un intento de camuflar ese déficit, que desde Junts pel Sí nunca se había considerado relevante.
Cuando nos fijamos en el redactado del primer punto, vemos cómo se distingue, por un lado, la “mayoría de escaños” a favor de la independencia y, por otro la mayoría “en votos y escaños” partidaria de un “proceso constituyente no subordinado.” La primera mayoría, en escaños, es independentista. Pero en la segunda mayoría, de votos y escaños, son indebidamente confundidos quienes quieren que el resultado del proceso constituyente sea un “estado independiente en forma de república” (punto segundo), y quienes aspiren a integrarse en una república federal española con una constitución catalana elaborada sin interferencias externas. Las personas que tengan esta segunda opción, no secesionista, no pueden contarse como favorables a la “desconexión” mencionada en los puntos sexto y séptimo.
Si la falta de legitimidad se intuye en el texto, la ruptura con la legalidad es clara en la indicación que se hace al futuro gobierno en el punto octavo. Insta al ejecutivo que se forme a “cumplir exclusivamente” la normas o mandatos emanados del propio Parlament. Es decir, debería incumplir toda norma o mandato distinto de los que deriven de la cámara catalana: empezando por la Constitución, desde el Código Penal hasta la normativa europea, pasando por tratados como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. No parece que sea esa la mejor técnica para cumplir el objetivo que se establece en ese punto, porque, para “blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”, no veo alternativas a los procedimientos que en la legalidad española permiten alcanzar la tutela de los derechos fundamentales. Por ejemplo, el recurso de amparo electoral ante el Tribunal Constitucional, cuyo uso no creo que descarten quienes concurran a las próximas elecciones generales. Estaría bien que aclararan si renuncian a ese recurso los candidatos que se identifiquen con el punto sexto, en cuanto considera “deslegitimado” al mencionado Tribunal.
En todo caso, no deja de ser llamativo que el propio Parlament no aspire a obligarse a una desconexión tan radical como la que espera del futuro gobierno. A este, además de lo dicho en relación con el punto octavo, se le insta genéricamente en el punto cuarto a “adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas” las declaraciones incluidas en la proposición. Quizá, aunque no está claro, espera que sea el gobierno el que toma la iniciativa sobre las leyes a las que se refiere el punto quinto. Se trata de las del “proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública”, de las que se dice solo que su tramitación se “considera pertinente”.
Hubiera estado bien que el mismo Parlament hubiera asumido en eso la iniciativa. Veríamos su coherencia en ejemplos posibles, como sería la decisión de trasladar las retenciones de todas las retribuciones que dependen de la cámara a la futura hacienda pública catalana en lugar de a las arcas del Estado español. No sé si algo así se ha previsto. De momento, me parece que las ambigüedades y la falta de autoexigencia perjudican la credibilidad de la proposición.
El Parlament no se obliga a una desconexión tan radical como la que espera del futuro Govern