Detenidas 37 personas en una operación contra la explotación sexual
Una macrooperación de la Policía Nacional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual se ha cerrado con 37 personas detenidas, 11 clubs del Alt Empordà inspeccionados, 363 víctimas potenciales identificadas y dos mujeres rumanas liberadas de sus proxenetas, que han sido acogidas por una oenegé especializada. Entre los detenidos se hallan los responsables de los distintos clubs de Roses, La Jonquera o Figueres inspeccionados, así como las personas que controlaban a las chicas que ejercían la prostitución en tramos, rotondas y glorietas de la carretera Nacional II, donde los agentes hallaron a otras 33 víctimas potenciales de trata de mujeres. De estas, solamente dos reconocieron ser víctimas y fueron liberadas. Cinco de los arrestados fueron detenidos este fin de semana. La mayoría han quedado en libertad con cargos.
La operación, bautizada con el nombre de Dignidad y en la que participaron más de 200 policías y doce inspectores de trabajo, arrancó hace diez meses. Los especialistas policiales en esta materia delictiva centraron sus pesquisas en las organizaciones y grupos dedicados a la explotación sexual de mujeres de distintas nacionalidades, principalmente rumanas, que trabajaban en distintos clubs de alterne, tras observar indicios que apuntaban a las condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas a las que eran sometidas la víctimas aprovechando su situación de vulnerabilidad económica y personal.
Fuentes policiales aseguraron que los proxenetas agredían e incluso violaban a las mujeres. Tras tomar declaración a las presuntas víctimas, los agentes pudieron contactar con los dueños y encargados de los locales de alterne, que presuntamente se beneficiaban económicamente de las mujeres sin garantizarles derechos laborales o sociales. En una primera fase se detuvieron 26 personas.
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, subrayó la importancia de la operación al considerar la trata de seres humanos “uno de los más graves ataques a la dignidad humana y una vulneración de los derechos fundamentales de las personas”.
Según datos del Ministerio de Interior, en los seis primeros meses de este año se realizaron 1.617 inspecciones, lo que supone un 9% más que en el mismo periodo del año anterior. Fruto de estas inspecciones, se han detectado más de 8.000 personas en riesgo, un 8% más que en el año 2014.