“Vulneración evidente” de la ley

El Consejo de Estado subraya que no existe la soberanía política catalana

Catalunya no es un sujeto político diferenciado de España, con soberanía propia. Esta es, en esencia, la tesis que defiende el dictamen del Consejo de Estado para aconsejar al Gobierno que recurra contra la resolución aprobada el pasado lunes en el Parlament, un texto en el que se propone abrir un proceso de desconexión con las instituciones estatales. Para el Consejo de Estado, ni el objetivo de la desconexión –así enunciado y aprobado– ni los medios dispuestos para ello resultan lícitos, sino que chocan frontalmente con la Constitución.

Por ello propone en su dictamen consultivo –preceptivo, pero no vinculante– que el Ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional (TC) para plantear un recurso de inconstitucionalidad. De hecho, en el Consejo de Estado no hubo debate. Su comisión permanente aprobó el dictamen por unanimidad. En el texto se califica de “evidente” que la resolución implica la “vulneración” del “núcleo esencial de la Constitución”.

El Consejo de Estado apuró un tanto los plazos para contestar a la consulta del Gobierno, pero no porque tuviera la menor duda, sino porque quería afinar la puntería. El dictamen correspondía a la sección del leridano Landelino Lavilla, expresidente del Congreso. Al frente de un equipo de letrados del Consejo, Lavilla trabajó a fondo los argumentos del informe, consciente de la relevancia de este dictamen, que no es uno más. Y la apuesta fue apoyarse en la ya muy asentada doctrina del Constitucional sobre la soberanía política.

El TC tiene dicho y repetido –también en la resolución que anuló la declaración soberanista del Parlament de enero del 2013– que sólo hay una soberanía, la del conjunto del pueblo español. Por ello anuló también la convocatoria del 9-N y la consulta alternativa, porque se perseguía el pronunciaEl miento de una parte del pueblo español sobre la pervivencia del Estado en su conjunto.

El Consejo de Estado, a su vez, dice ahora en el dictamen aprobado ayer que “existe una perfecta inadecuación entre la condición de Catalunya como comunidad autónoma y la autoatribución al pueblo catalán que, a través de su Parlamento se pretende, de la condición de poder constituyente y soberano”. El informe sostiene, en suma, que la asamblea parlamentaria catalana no sólo se excede de sus competencias, sino que pretende ejercer las que corresponden, en su caso, a las Cortes, como depositarias de la soberanía del conjunto del pueblo español. “Como comunidad autónoma –sostiene el dictamen– Catalunya ostenta autonomía, no soberanía, y se configura como un poder constituido en virtud del poder constituyente del Estado a través de la Constitución y de su Estatuto de autonomía”.

Parlament –sostiene también el informe– “no sólo está contraviniendo la Constitución” (...) cuando asume la condición de “poder constituyente y soberano”, sino que “está actuando al margen de su condición institucional y asumiendo determinaciones para las que carece de capacidad”. Además, el Consejo de Estado alerta de que, por su propio tenor literal, la resolución soberanista contiene otra carga de profundidad al prever “la no supeditación del denominado proceso de desconexión democrática a las decisiones de las instituciones del Estado, en particular del Tribunal Constitucional”.

Sostiene el dictamen que la declaración supone “la expresión de una voluntad de desobediencia o desacato a la Constitución y al orden institucional del Estado”. El texto del Parlament “comporta una conculcación inmediata del principio de primacía de la Constitución”. Y “la contravención” es “tanto más grave cuanto que resultad decidida por una institución parlamentaria y se dirige como una instrucción al futuro gobierno de la Generalitat, ambos órganos revestidos de la condición de poderes públicos”.

JOSÉ MARÍA BRUNET El dictamen alerta de que la resolución supone “una voluntad de desobediencia” a la Constitución