Los platos rotos
José Antonio Zarzalejos aborda la tensa relación entre el Govern y el Estado: “Ni para Artur Mas y su Gobierno, ni para Mariano Rajoy y el suyo, la crisis catalana va a salir gratis. Tiene altos costes porque se produce la espiral acción-reacción que debió preverse por quienes, alegres y, sobre todo, confiados en la supuesta inanidad del Estado del que abjuraban supusieron que este tránsito al paraíso de la independencia era un camino de rosas”.
Hay que leer, creo, “Reflexiones jurídicas a propósito de una eventual declaración unilateral de independencia de Catalunya: un escenario político jurídicamente inviable”. Se trata de un ensayo dictamen del catedrático de Derecho Internacional Público de la Universidad de Salamanca y, en la actualidad, jefe de la Asesoría Jurídica Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, José María Martín y Pérez de Nanclares. Se elaboró antes de las elecciones del 27-S y se ha difundido –como opinión profesional personal– por el Real Instituto Elcano. Es muy sugerente, en lo político y en lo jurídico.
Traigo a colación este ensayo dictamen porque en él se alerta de que el artículo 155 de la Constitución, inspirado en el modelo alemán como cláusula de coerción federal, “opera más como un elemento disuasorio que como mecanismo operativo y, en consonancia, no se ha utilizado en la práctica. Es decir, existe toda una gradación de posibles medidas que, antes de llegar a los mecanismos extremos citados (se refiere al 155), pasa por los órganos jurisdiccionales y del Tribunal Constitucional”. De hecho, en el caso catalán, ya han pasado –están pasando– por los tribunales de justicia y por el órgano de garantías constitucionales. Pero comienzan a pasar, también, por la ejecución de medidas políticas que, en la práctica, pueden ser más incisivas que las propiamente jurídicas.
El Gobierno de Rajoy no ha pensado aplicar el 155 de la Constitución, pero tampoco ha convenido en limitarse a acudir a los tribunales. Si Mas –que no Catalunya, reduccionismo mesiánico intolerable– impulsa la resolución insurreccional del pasado 9-N en el Parlament, parece lógico que el presidente del Gobierno del Estado del que se desconecta no llame al de la Generalitat para informarle de la crisis internacional provocada por el yihadismo, bastando a la seguridad de los ciudadanos y del propio Estado que sus fuerzas y cuerpos se coordinen con los Mossos y sus responsables políticos, como así ha ocurrido. Que Mas aduzca ahora que es presidente de la Junta de Seguridad en tanto que representante ordinario en Catalunya de un Estado cuyas instituciones rechaza carece de coherencia política. Si CDC hubiese querido firmar el pacto contra el yihadismo como el jueves hicieron varios partidos, no tenía más que haberlo pedido. Lo que no encierra lógica alguna es estar declarando la independencia en diferido y, al tiempo, interactuando con las grandes políticas de un Estado del que se desconecta.
El Estado, a través de gestos simbólicos gubernamentales, ha desconectado de Mas porque previamente el president lo ha hecho del Estado, situándose a su margen, declarándose ajeno a sus instituciones y votando la insurrección a la jurisdicción de sus instituciones, entre ellas, a la esencial del TC. De otra parte, el Ejecutivo –ante un Govern sin entrada en los mercados financieros– se comporta con exigencias de oportunidad a modo de advertencia, sea o no retórica, e impone hasta siete condiciones para ir librando la parte de león del remanente del FLA, ofreciéndose a sustituir a la Generalitat en la pagaduría de fondos a sus deudores en el caso de que el Govern no se atenga al condicionado impuesto, supuesto que, por fortuna, no se está dando.
Ni para Artur Mas y su gobierno, ni para Rajoy y el suyo, la crisis catalana va a salir gratis. Tiene altos costes porque se produce la espiral acción-reacción que debió preverse por quienes, alegres y, sobre todo, confiados en la supuesta inanidad del Estado del que abjuraban supusieron que este tránsito al paraíso de la independencia era una camino de rosas. Los registros políticos a los que puede acudir el Estado para responder dentro de la ley –sin tener que aplicar norma de coerción alguna– al desafío independentista son abundantes y, además, obligados, siempre que preserven la infranqueable barrera de atender a los ciudadanos de Catalunya de manera rigurosamente igual a los demás, de tal manera que se les garanticen todas las prestaciones y servicios públicos a los que tienen derecho. Sin que, además, tengan que poner velas a san Pancracio para que desde la Generalitat abonen a los farmacéuticos las deudas que la Administración autonómica ha contraído con ellos. La desconexión, debe quedar muy claro y percibirse así, es con Mas y su gobierno y, al mismo tiempo, que la sintonía es máxima con Catalunya y sus ciudadanos. Por lo demás, no es sólo el Estado el que a través del Gobierno ha desconectado con Artur Mas. Lo está haciendo, de manera progresiva pero imparable, la propia sociedad catalana por medio de pronunciamientos de entidades y personalidades referenciales en la vida pública de la comunidad. El president lo percibe, como lo denota su cada vez más crispado discurso público.
Los registros políticos del Estado para responder al desafío secesionista son abundantes