Todos somos farmacéuticos
Rajoy abre y cierra el grifo del dinero para demostrar la inviabilidad de la desconexión y Mas trata de sacar rédito político señalando al Gobierno del PP como un poder arbitrario que juega con los impuestos de los catalanes.
Hace un par de años, un alto cargo del Govern se lamentaba en privado: “Aquí el problema es que los 215.000 funcionarios que dependen de la Generalitat no están dispuestos a quedarse sin cobrar unos cuantos meses…”. Fue la misma época en que Oriol Junqueras insinuó una huelga general para reclamar el referéndum de independencia: “Si hemos sacado a dos millones de personas a la calle, ¿quién dice que no podríamos parar la economía catalana durante una semana?”. Un parón para demostrar el peso de Catalunya en el PIB español y forzar que Europa presione a Mariano Rajoy. Luego Junqueras matizó sus palabras, y el alto cargo mencionado nunca ha manifestado sus pensamientos en voz alta. Pero más de un líder independentista se lo pregunta: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar los ciudadanos por un referéndum?
¿Cuántos días de huelga?, ¿cuántos meses sin cobrar? Esta semana se ha evidenciado la enorme dependencia que tiene la Generalitat de las finanzas del Estado. “Si tenemos que correr los cien metros lisos, lo haremos; si tenemos que arrodillarnos, nos arrodillaremos; pero que se dejen de historias y paguen ya”. Fue la súplica del conseller Andreu Mas-Colell al ministro Cristóbal Montoro para que este liberara 300 millones de euros de los que dependía la mensualidad de noviembre de las farmacias catalanas y de otros convenios del sector sanitario. Aún quedan 3.000 millones más extraordinarios que la Generalitat esperaba recibir en diciembre, pero que probablemente el Gobierno de Rajoy irá dando con cuentagotas a lo largo de los próximos diez meses. Es decir, el PP ha decidido abrir o cerrar el grifo a discreción, según le convenga, para recordar a que la desconexión también significa quedarse sin un euro.
El presidente de la Generalitat aseguró esta semana en Catalunya Ràdio que las nóminas de los funcionarios –médicos, maestros, mossos...– estaban garantizadas, pero eso es algo que no está en su mano. Por muy injusto que resulte para los catalanes que pagan sus impuestos, esa llave está en Madrid porque la Generalitat no tiene crédito en los mercados, fruto de una mala financiación y del derroche de años anteriores, entre otros motivos. Montoro ha provocado que Mas saliera indignado a protestar por la “humillación”, después de semanas de silencio a la espera del sí de la CUP a su investidura como president. En efecto, es una humillación. Hasta la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría tuvo el mal gusto de regodearse riéndose el pasado viernes. Pero no sólo eso. Es una demostración de poder. ¿Cómo desconectar si no hay sitio donde enchufarse que no sea el flujo eléctrico del Gobierno central?
Esa incongruencia se ha repetido con la resolución de desobediencia a las leyes estatales y al Constitucional firmada por Junts pel Sí y la CUP. Rajoy está dispuesto a reclamar al tribunal que actúe contra todo aquel que dé curso al cumplimiento de ese texto. En el Ejecutivo del PP ven posible que algún funcionario acabe declarando en la Audiencia Nacional. Pero lo curioso es que el Parlament, bajo la presidencia de Carme Forcadell, ha alegado ante el mismo Constitucional al que pretende desobedecer que aquello es sólo una “aspiración o deseo” sin efectos jurídicos. ¿Cuántos funcionarios estarían dispuestos a ser inhabilitados para dar forma legal a la desconexión?
Se preguntaba Fernando Ónega en su último artículo por qué se rebaja Mas-Colell a suplicar de rodillas que Montoro pague las facturas. Para poner en evidencia que sólo si el dinero se recauda y se reparte en Catalunya, los catalanes estarán a salvo de la arbitrariedad del gobierno central. Mas lo explicó sin ambages. “Nos dedicaremos a ensanchar la base soberanista, y ellos (el Gobierno del PP) quizá nos ayudarán”, dijo con una sonrisa. Mas quiere ser investido y disponer de un año para rearmar un partido y superar un 50% de votos independentistas que fuerce el referéndum. Cuánto tiempo sin cobrar soportarían los funcionarios es la pregunta del millón. Los dirigentes independentistas intuyen que la revolución de las sonrisas de las coloridas manifestaciones se tornaría en mueca si no se pagan las nóminas. Para los radicales, es cobardía; para los sensatos, instinto de supervivencia, que es motor del progreso. Mientras Santamaría y Mas sonríen, a los farmacéuticos –todos somos farmacéuticos– se les está quedando un rictus muy desagradable en el rostro.