La Grecia española
De la mano de Cristóbal Montoro, su ministro de Hacienda, Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría han ejecutado un vertiginoso cambio de tablero en el contencioso catalán cuyas consecuencias definitivas son ahora difíciles de atisbar. Del silencio administrativo, pespunteado con ocasionales pero decisivas resoluciones derogatorias del Tribunal Constitucional, aplicado durante la mayor parte del proceso, Rajoy ha pasado a la ofensiva en el terreno en el que los estrategas de Barcelona consideraban su punto de fuerza, el debate económico. Frente al argumento del déficit fiscal, la deuda con el Estado... y con todos los españoles. De tan inflamable material se ha servido el Gobierno para sofocar la declaración aprobada el 9 de noviembre en el Parlament. En pleno periodo electoral.
Amagando con no incluir las facturas catalanas en el último pago del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), Montoro, ha conseguido poner de rodillas a Andreu Mas-Colell, el conseller de Economia, y con él a todo el Govern, ante la implorante mirada de los angustiados farmacéuticos catalanes, rehenes de la refriega y cobayas de un experimento sobre la reacción social en situaciones de penuria financiera. Atrapados entre la audacia de corto alcance de un Govern que se lanza a aventuras declamatorias sin disponer tan siquiera de dinero de bolsillo y un Estado que juega a dejar especular con la idea de que podría dejar de pagar.
Quede constancia de pasada de que, sin tanto ruido, en el paquete del pasado viernes, además de las farmacias, 110 millones, también se cubrían vencimientos de deuda con entidades financieras, bancos, 200 millones, un tema delicado por igual para los dos gobiernos implicados.
¿Ha cambiado la ejecución del presupuesto de la Generalitat entre la imposición por el Gobierno de las nuevas condiciones para acceder a los recursos del FLA y el pago el viernes a los farmacéuticos? Nadie con responsabilidades en la materia, ni en Madrid ni en Barcelona, ha sabido dar una respuesta afirmativa a esa pregunta. Redundancia burocrática y presión política.
El Gobierno de Rajoy disfrutaba antes de la orden aprobada hace una semana de un grado de control amplio sobre la contabilidad del Govern, tanto como de suficientes recursos legales para conocer las miserias presupuestarias de la Generalitat.
La misma normativa del FLA fija condiciones para acceder a sus recursos equiparables a las recién aprobadas. Y la ley de Estabilidad Presupuestaria gradúa diferentes grados de control y sanción para las comunidades que no se ajusten al objetivo de “estabilidad presupuestaria” consagrado en septiembre del 2011 en la Constitución por el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, tras la imperativa sugerencia de Angela Merkel, la canciller alemana.
Precisamente la ley de Estabilidad Presupuestaria prevé diversos supuestos escalonados que llevarían, al final, hasta la aplicación del crítico artículo 155 de la Constitución, el de la intervención de la comunidad autónoma, en este caso por motivos financieros. Recurrir a tal herramienta requeriría la aprobación por mayoría absoluta del Senado y el “Gobierno adoptará las medidas necesarias para obligar a la comunidad a su ejecución forzosa. Para la ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma”. Pero, para hacer gala de autoridad, tampoco era necesario llegar tan lejos y hacer tanto ruido. Como dejaba entender la actuada sonrisa de la vicepresidenta del Gobierno al anunciar que Mas-Colell había cumplido con los nuevos requisitos, certificaciones y protocolos informáticos, en este estadio del asunto no era necesario apurar la recta de la legislación. La nueva orden del Gobierno conjugaba la respuesta política a la resolución del Parlament mientras aportaba la pátina de autoridad política que Rajoy podrá exhibir en la campaña electoral a cuenta del tema catalán.
El presidente del Gobierno, efectivamente, ha llevado el debate al terreno económico, no en vano “el dinero es el mundo”. Pero no es una dialéctica sostenible ni tan siquiera a medio plazo. Catalunya es la primera área económica española, cabeza industrial de la Península, de lejos su principal puerta exportadora, segunda comunidad demográfica, líder turística, concentra una parte muy notable de su capacidad de innovación. En Europa está considerada una de las zonas más desarrolladas. Su capital, Barcelona, es ciudad de referencia mundial, la principal. Pese a ello, vive en una situación económica de excepción. Recibe reprimendas del Gobierno y de otras comunidades autónomas que, en gran medida, alimentan sus presupuestos con recursos aportados por un sistema de financiación insostenible para las regiones más productivas. Estigmatizada como despilfarradora, la gran endeudada, la Grecia de España, como se dice en algunos pasillos del poder de la capital del Reino. Una auténtica perversión, un mundo al revés, un relato que no se puede sostener seriamente durante mucho tiempo.
El relato actual es diabólico. Estigmatizada como la gran despilfarradora, deudora. Una perversión insostenible