Barcelona formará cien auditores para detectar pobreza energética
La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, explicó ayer que el Ayuntamiento de Barcelona está trabajando la manera de “tener más ojos” para combatir la pobreza energética. Con esta finalidad, el Consistorio invertirá 2,5 millones en formar a cien personas que se encargarán de auditar unas cinco mil viviendas de la ciudad en busca de casos de precariedad.
Según Ortiz, los 780.000 euros en 5.062 ayudas para pagar recibos de suministro que destinó en el 2015 el Ayuntamiento de Barcelona (un 22,71% más que en el 2014) quedan lejos del con- junto de los disponibles, por lo que se reorientarán y gastarán en crear oficinas de atención energética en barrios con especiales dificultades y en otras iniciativas para “cambiar la situación”. “No hemos de esperar a que nos vengan a buscar, hemos de ver quiénes son”, dijo la responsable de políticas sociales del Ayuntamiento durante la presentación del convenio firmado con las Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) para cubrir el programa de lucha contra la pobreza energética e inserción laboral, que tiene una duración prevista de seis meses, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. El Ayuntamiento aporta el 80% de los fondos.
Ortiz subrayó que “el papel del Ayuntamiento no es pagar antes las facturas a las suministradoras, sino que se reduzcan estas facturas y exigir a las eléctricas que cumplan su función”. Por su parte, la presidenta de ECAS, Teresa Crespo, señaló que la complejidad para conseguir una ayuda o negociar el aplazamiento del pago de un recibo, junto al desconocimiento de que deben acudir a los servicios sociales, hace que muchas familias recurran a pedir ayuda económica a las entidades sociales.
ECAS estima en unas 5.000 las viviendas de los barrios más desfavorecidos de Barcelona que conseguirán auditar las cien personas en riesgo de exclusión que se están formando, seleccionadas entre más de 300 que han participado en el programa municipal Labora y que han sido contratadas para este programa innovador. La mayoría, 85, son profesionales del ámbito de la construcción con formación profesional. Todos los participantes serán contratado a partir del 1 de febrero, trabajarán 32 horas semanales y cobraran 1.070 euros brutos al mes, como establece el Convenio Catalán de Acción Social. Estos trabajadores recetarán medidas de ahorro y llevarán a cabo pequeñas intervenciones in situ, como la instalación de bombillas de bajo consumo o aireadores. También detectarán y darán respuesta a situaciones de grave vulnerabilidad o urgencia con relación a los suministros de electricidad, gas y agua.