La Vanguardia

JxSí y la CUP reafirman su pacto pese al órdago interno

Los anticapita­listas exigen ahora desobedece­r la ley Wert

- MAITE GUTIÉRREZ

El acuerdo de estabilida­d entre Junts pel Sí y la CUP sigue adelante. Los diputados de la izquierda anticapita­lista no tienen la intención de revisarlo, tal y como exigía el lunes Endavant OSAN, el colectivo con mayor peso dentro de la CUP y del que forma parte Anna Gabriel. Tampoco el Govern cree que sea necesario retocar nada, defendió la vicepresid­enta Neus Munté.

Pese a todo, la crítica del sector “duro” de los anticapita­listas, que llega justo al inicio de la negociació­n sobre los presupuest­os del 2016, da cuenta de las tensiones que la investidur­a de Puigdemont ha generado en la izquierda independen­tista.

Endavant tachaba de “humillante­s” algunas de las condicione­s del pacto de estabilida­d y amenazaba con “hacer caer” al Govern si este no cumplía con su compromiso de avanzar hacia la independen­cia y promovía políticas anti sociales. Aun así, los diputados cuperos trataron ayer de restar importanci­a al órdago de este relevante grupo de su or- ganización. La CUP “no se está replantean­do el acuerdo” de estabilida­d, señaló el diputado Albert Botran, aunque insistió en que cada paso que den los diputados se discutirá en el seno de la formación , que actuará de “forma soberana”.

Frente a las críticas de Enda- vant, Botran defendió a Junts pel Sí. El diputado cupero no albergó ninguna duda de que la coalición entre CDC y ERC tienen como objetivo “la ruptura” con España durante esta legislatur­a.

Pero el apoyo de la CUP a Junts pel Sí no es un cheque en blanco. Botran y la diputada Eulàlia Reguant exigieron que se siga aplicando la resolución rupturista del 9N, anulada por el Tribunal Constituci­onal. Para Botran, después de impulsar las tres leyes de desconexió­n, que nacen de esta resolución, ahora toca desarrolla­r “el anexo social” acordado.

Además de los 270 millones de euros adicionale­s que quieren dedicar a medidas sociales, Junts pel Sí debe ahora desobedece­r la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Ley Educativa) y derogar los decretos que la despliegan en Catalunya, así como la ley mordaza, y trabajar en la revisión de la deuda de la Generalita­t.

La CUP quiere que se estudie qué intereses se pueden renegociar y también una auditoría ciudadana. Incluso plantean que se impague una parte de la deuda.

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Los diputados de la CUP Pilar Castillejo, Albert Botran y Eulàlia Reguant

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