Publicidad morosa
Una empresa renunció a la campaña de anuncios del 9-N ante el temor de no cobrar de la Generalitat
Los procesos penales tienen el problema que en ellos sale a relucir aquello que tiene relevancia penal y otras cosas que no, pero que no dejan de tener su interés histórico, o sociológico, o sentimental, o ser simplemente curioso. La causa del 9-N no es una excepción: entre la documentación entregada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) consta la carta de una agencia que renuncia a llevar a cabo la campaña de publicidad institucional para la jornada por temor a que la Generalitat no le pague.
Joan Manel Abril, el magistrado del TSJC que instruye la causa del 9-N, recibió la semana pasada la documentación relativa a la publicidad institucional para la jornada participativa, que había solicitado a las empresas y a la Generalitat. Así, consta el primer informe de Presidència sobre el alcance de la campaña, que comprende inserciones en prensa escrita, en medios digitales, salas de cine, anuncios en autobuses y cartelería, con un presupuesto de 672.680 euros y con trámite de urgencia. Dicho documento lleva fecha del 23 de octubre del 2014.
Las agencias escogidas son, siempre según esta resolución, en primer lugar Zenith Media y en segundo Media Planning.
Pues bien, ese mismo 24 de octubre, una directiva de Zenith remite un correo electrónico a Presidència comunicándole que no se harán cargo de la campaña. ¿El motivo? El riesgo de no cobrar. “Nos vemos obligados a renunciar a la petición de encargo”, se puede leer en esta misiva. Motivo: “En la última evaluación de riesgos de la Generalitat de Catalunya, su exposición general, límites de crédito y estado del co- bro de cuentas en el pasado, ha empeorado la incertidumbre respecto a los riesgos de cumplimiento en los términos de futuros pagos. (El grupo) no permite que sus oficinas y delegaciones financien las campañas de sus clientes, lo cual impide proceder con este expediente”.
El contrato pasó entonces a Media Planning, quien lo llevó a cabo por el presupuesto inicial; esto es 672.680 euros (666.499 más IVA). Según consta en la certificación remitida al magistrado por la consellería d’Economia, la jornada costó en total 1.954.563,9 euros, siendo la partida más abultada, precisamente, la publicidad, con un montante de 806.403,52 euros.
La investigación está prácticamente concluida a falta de dos informes que faltan por llegar al TSJC. Ahora bien, la aparición de una carta de Francesc Homs ordenando continuar con los trabajos con posterioridad a la providencia del Tribunal Constitucional que impedía la consulta arroja la duda de si se le debe incluir en la lista de investigados, en la que están Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. En caso de que Abril prevea que los indicios son sólidos, deberá elevar el asunto al Tribunal Supremo, toda o sólo lo que afecta al exconseller, porque Homs es actualmente diputado en el Congreso.