El protocolo exime a la concertada de informar de los casos a Ensenyament
La conselleria actuará “con firmeza” si el centro tiene responsabilidades
“Queremos saber qué es lo que el centro supo en cada momento y cómo actuó”, señaló ayer el departamento
Los Maristas no estaban obligados a informar al Departament d’Ensenyament del comportamiento de Joaquín Benítez, que en el 2011 confesó haber hecho tocamientos a menores en el centro de Sants-Les Corts, en el que trabajaba desde hacía 20 años. Los hechos fueron denunciados al juzgado entonces, pero la falta de ratificación en la declaración de los menores derivó en el cierre del caso y la expulsión de Benítez del centro. El profesor de educación física fue contratado como monitor de deportes en un centro del Empordà gracias a su buen currículum.
El Departament de Ensenyament anunció ayer que se reunirá con los centros educativos concertados para revisar los protocolos que aplican (si los aplican) y poder realizar “modificaciones”. Las escuelas concertadas no están obligadas a seguir protocolos de actuación ni a informar a la comunidad educativa en casos de abuso o maltrato infantil. Actualmente lo único que se les exige en este sentido son los certificados de penales de sus empleados conforme no tienen delitos sexuales. En el caso de Benítez, esto tampoco hubiese prevenido de posibles delitos posteriores, pues no contaba con antecedentes.
Esto no sucede así en el caso de las escuelas públicas, que sí están obligadas a seguir un protocolo específico de notificación y derivación de situaciones de maltrato de menores, en el que se incluye el abuso sexual. Desde el año 2006, las escuelas públicas están obligadas a seguir un protocolo de actuación cuando sospechan de que los menores a su cargo están siendo sometidos a maltrato o abuso. Entre otras actuaciones, deben informar a la inspección educativa, y si existen evidencias de gravedad, deben acudir a los servicios sociales y sanitarios, además de la fiscalía o el juzgado de guardia.
Así se explicita en el protocolo de detección, notificación, derivación y coordinación de situaciones de maltrato en el ámbito educativo que fue impulsado por el Síndic de Greuges y firmado en el año 2006. Sin embargo, algunas escuelas concertadas cuentan con su propio protocolo de detección y actuación específico para el centro con reglamentos adecuados para la protección del menor, según señala Pilar Polo, psicóloga de la Fundació Vicki Bernadet, que ha ayudado a la elaboración de alguno de ellas. También las empresas dedicadas al ocio infantil tienen sus propios códigos y reglamentos, una práctica que está generalizándose en los últimos años en las instituciones educativas. El colegio de Maristas activó un protocolo propio en el año 2013 después de que se conocieran los supuestos abusos de dos exalumnos de un centro de Badalona.
Respecto al colegio Maristas Sants-Les Corts, la conselleria se compromete a actuar con “total firmeza” y adoptar “las medidas oportunas en función de las responsabilidades que se puedan derivar” de sus actuaciones. El secretario de Políticas Educativas del Departament, Antoni Llobet, aseguró que la Generalitat llegará hasta las últimas consecuencias: “Ahora queremos saber qué es lo que el centro ha sabido en cada momento y si actuó correctamente en cada paso”. Ensenyament enviará al juzgado del caso la información que se derive del expediente educativo que el Consorcio de Educación de Barcelona abrió el día 2 para verificar si la actuación del centro fue del todo adecuada.