Antifrau ve irregularidades en ATLL y pide la reversión de la concesión
La gestora del agua puede haber desviado 12 millones a su matriz con contratos ficticios
La Oficina Antifrau de Catalunya publicó ayer un informe en el que detecta irregularidades en la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), con el desvío de 12 millones de euros a su principal accionista, el grupo Acciona, que rechazó tajantemente estas acusaciones. ATLL, señala Antifrau, firmó contratos ficticios con empresas del grupo, pese a que habían sido rechazados por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), y eludió el control de la Generalitat realizando la mitad de sus consejos de administración por escrito, de forma que no tenía acceso a ellos su representante. La Oficina Antifrau remitió el informe a la Fiscalía Superior de Catalunya, por posible delito de falsedad en documento mercantil y administración desleal y a la administración tributaria y pidió la reversión de la concesión a ATLL, sin indemnización, por incumplimiento grave de las condiciones incluidas en el pliego de la concesión.
La investigación de Antifrau nació de una demanda presentada en abril del 2015 por la CGT y se basa en una auditoría especial encargada por la ACA a la firma Faura Casas. La auditoría de ATLL, realizada por Deloitte, que audita también al grupo Acciona, no detectó irregularidades.
Según el informe, ATLL Concesionaria (la firma que ganó el concurso público para adjudicarse la gestión del agua, y en la que Acciona tiene más del 70%) firmó con- tratos con dos firmas controladas al 100% por la propia Acciona (ATLL Operadora y Acciona Agua) por valor de 13 millones de euros, para la prestación de asesoría técnica y servicios de mantenimiento de la red. La primera de estas firmas, destaca Antifrau, ni siquiera tiene empleados. ATLL, según las condiciones del pliego de adjudicación, necesitaba autorización expresa de la ACA para contratar con empresas de su grupo y justificar su necesidad y el precio aplicado. Cuando ATLL planteó el contrato a la ACA esta lo rechazó considerando que “no comporta ningún tipo de ventaja, ni por el servicio ni por el coste, y más bien puede provocar efectos desfavorables”. ATLL, sin embargo, y pese al rechazo de la administración, refacturó los servicios, ini- cialmente contratados con ATLL Operadora a Acciona Agua. Antifrau, además, sólo ha logrado comprobar que estas firmas prestaron efectivamente servicios valorados en 1 millón de euros.
Antifrau destaca que ATLL eludía el control de la Generalitat, que según el pliego de la concesión había de tener un representante con voz pero sin voto en el consejo, celebrando reuniones por escrito, a cuya documentación y decisiones no tenía acceso el representante de la Generalitat: ocho reuniones fueron por escrito y nueve presenciales, de todas las celebradas hasta la fecha, y en tres de las que se efectuaron por escrito se aprobaron acuerdos económicos con las empresas del grupo Acciona.
Antifrau recuerda que entre las causas de resolución de la concesión imputables a la sociedad concesionaria contempladas en los pliegos está precisamente “impedir o perjudicar” el control del servicio público por parte de la ACA y la Generalitat. También prevén los pliegos la resolución del contrato, sin indemnización cuando haya habido un incumplimientos reiterados, muy grave y con daños daños superiores a los 5 millones de euros. Los 12 millones desviados suponen elevar más de un 5% los costes anuales del servicio del agua, y permiten a ATLL pedir un aumento de las tarifas para este año.
Acciona, por su parte, rechazó ayer cualquier “enriquecimiento injustificado” en los contratos de
Acciona reaccionó negando tajantemente las acusaciones, que ve infundadas La Agència de l’Aigua rechazó los pagos y ATLL pasó las facturas a otra filial de Acciona
sus filiales con ATLL, y consideró “infundadas y desproporcionadas” las conclusiones de Antifrau, por lo que “bajo ningún concepto pueden dar lugar a una reversión del contrato de concesión”. En un comunicado, Acciona señaló que “Acciona Agua y ATLL han cumplido en todo momento de forma rigurosa la legalidad y las condiciones contractuales exigidas por el pliego de licitación y por el contrato de concesión”.
La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, aseguró que la Generalitat estudiará “las medidas que haga falta” para hacer frente a las irregularidades detectadas y destacó que las operaciones societarias se produjeron sin conocimiento ni autorización de la ACA, pero no han afectado al abastecimiento de agua en el área de Barcelona ni han tenido “ninguna repercusión” en las tarifas. En la conferencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, Munté remarcó que las irregularidades “fueron detectadas y comunicadas” a la Agencia Tributaria en el 2015 .