Desconexión
Es una constatación que las más importantes aportaciones a la construcción económica y financiera del llamado ‘estado de las autonomías’ han procedido en el pasado de economistas catalanes. No puede sorprender el origen, ya que no ha habido grupos académicos más leales a la Constitución española del 78 que los catalanes. Y posiblemente lo han sido desde el convencimiento de que se construía un espacio propio dentro de un hogar común. Así se abría surco a un sentimiento de autogobierno que en ninguna comunidad ha existido como la nuestra y uno se quería sentir cómodo.
Pero constato ahora que ese esfuerzo y convencimiento se han desvanecido. Después de casi 50 años de estudios pioneros en federalismo fiscal de académicos como Casahuga, Colom, Pedrós, Trias Fargas, Castells y otros desde departamentos de Hacienda de la UB, es notoria hoy la renuncia expresa que han hecho muchos expertos catalanes del tema.
Casi nadie parece ya confiar en que las contribuciones al Título Octavo sean una vía de avance. Primero, porque muchos de los que han tenido incidencia directa, incluso con su paso de la universidad a la política, están ya de vuelta y desengañados. Quizás sienten que se les ha reconocido como primeros de la clase, pero que nunca ‘han pasado de la clase’. A diferencia de los expertos vascos, que han ido a la suya, los catalanes se han implicado y se han visto sometidos al lastre de todos los que querían emular cualquier propuesta catalana para desvirtuarla. ¿Cómo? Generalizando las competencias de una aspiración de autogobierno lo bastante diferenciada para llevarla al absurdo, contrariando una Constitución que distinguía entre tipo de comunidades (las del arte 151 y del 143). De esta forma, se hacía una interpretación de la solidaridad, la equidad y la nivelación que invalidaba toda diversidad y quedes responsabilizaba fiscal m en-
A las puertas de una nueva financiación autonómica, los académicos catalanes no están ni se los espera
te a muchos de los que la reivindicaban.
Conceptos como el del desarrollo regional de la renta (de fuerte dependencia real del sector privado) se han confundido con los de garantía de acceso a los servicios de bienestar (ahora sí, de competencia pública), y se ha querido interpretar como garantía mínima básica de servicios el mayor techo del que más capacidad fiscal tenía. Pese al desengaño, el tiempo ha dado la razón a muchas contribuciones catalanas. Quien antes lo negaba, acepta ya el principio de ordinalidad. Quien decía que era imposible territorializar la recaudación según bases fiscales de determinados impuestos comprueba hoy que la OCDE lo hace para combatir la elusión fiscal. Quien decía que los beneficios del gasto no se podían localizar sobre el territorio se encuentra ahora con que lo hace el Eurostat para la UE.
Y los que afirmaban que las balanzas fiscales no se podían estimar, ahora lo hacen con sucedáneos ad hoc. Cuánto tiempo perdido y cuántos trabajos e ilusiones frustradas, con un coste que lleva a la constatación final: se prepara una nueva financiación autonómica y los académicos catalanes no están ni parece que se les espere.