Los pisos vacíos de los bancos tributarán a partir de marzo
El nuevo impuesto autonómico afecta a propiedades habitables que lleven dos años sin ocupar y que estén en áreas con demanda
Las personas jurídicas –principalmente bancos y fondos de inversión– que son propietarios de pisos vacíos en buen estado pero que llevan, de forma injustificada, dos años sin inquilinos tendrán que pagar un nuevo impuesto a la Generalitat a partir del 1 de marzo. El Consell Executiu aprobó ayer el reglamento de una tasa que por primera vez se planteó en el 2014 –tenía que entrar en vigor en el 2015– y que afecta a 72 poblaciones en las que existe una demanda acreditada de vivienda social. La nueva norma establece que el importe se calcule en función de los metros cuadrados de las viviendas vacías.
En este sentido, los propietarios que sumen hasta 5.000 metros cuadrados pagarán 10 euros por cada metro; los que tengan posesiones que vayan de los 5.000 a los 20.000 tributarán a 15 euros el metro; y los que sumen pisos que comprendan esta última superficie y los 40.000 pagarán 20 euros por cada metro. Si tienen más de 40.000 metros cuadrados, el gravamen se calculará en función de 30 euros por metro. La Generalitat calcula ingresar entre 800 y 1.600 euros por año y piso.
“Tenemos detectados en toda Catalunya unos 8.143 pisos que cumplen los requisitos para pagar”, manifestó ayer la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs, en la comparecencia posterior al Consell Executiu. Estas vivendas se encuentran ubicadas en un total de 72 municipios, las poblaciones en donde hay una mayor demanda de vivienda social: las cuatro capitales de provincia (especialmente Barcelona) y sus áreas de influencia.
La Agència Catalana de l’Habitatge calcula que en Catalunya hay unos 47.000 pisos cuyos propietarios son bancos o sociedades ligadas a estos. Borràs explicó que, de estos, más de 27.000 están en uno de los 72 municipios afectados por el impuesto, aunque no todos son habitables o llevan dos años sin ocupar.
Según lo acordado ayer por el Consell Executiu, del nuevo tributo quedan exentos, eso sí, las viviendas con una calificación, todavía vigente, de protegidas; así como las que se encuentran a disposición de programas sociales de entidades, los apartamentos turísticos y las que se encuentran en zonas de escasa demanda. El documento también prevé bonificaciones que irán del 10% al 100% en el caso que el ti-
La Generalitat detecta en 72 municipios 8.143 viviendas que cumplen las condiciones para ser gravadas
tular de los pisos gravados destine parte de su parque de viviendas a alquiler asequible.
En este sentido, Borràs insistió que no se trata de una medida recaudatoria sino social y remarcó que el dinero que se obtenga del nuevo impuesto se destinará a la compra de pisos para alquiler social. De hecho, con las 8.143 viviendas ya detectadas, el ejecutivo espera ingresar cerca de ocho millones de euros, una suma aproximada –en aquel caso fueron 7,8 millones– a lo que la Generalitat destinó en el 2015 a adquirir 150 viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias a las que le dio un uso social.
El impuesto llega dos años después de que consistorios metropolitanos como Terrassa o l’Hospitalet iniciaran sanciones para pisos en las mismas condiciones, multas que imponen ya un centenar de poblaciones de toda Catalunya.