Abusos y examen de conciencia
LAS denuncias por abusos sexuales en los Maristas y otros centros educativos están animando a muchas personas a revelar, años o aun décadas después, sufrimientos ocultos y similares pese al indiscutible progreso social. Resulta decepcionante que los silencios y las complicidades vergonzosas de otras épocas sigan en pie y hayan impedido la eficacia de los mecanismos de denuncia, investigación y enjuiciamiento.
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, dio ayer un oportuno toque de atención institucional a centros escolares, Fiscalía, Mossos y conselleries de Ensenyament y Justícia por no haber observado los protocolos establecidos en el 2006 a raíz del caso Alba (la niña de Montcada apaleada por su padrastro, un drama que reveló la descoordinación entre las administraciones).
Aunque las responsabilidades de unos y otros sean muy diferentes, las partes tienen que acordar con urgencia una revisión de los fallos del actual protocolo de actuación. Si lo ya establecido en el 2006 no ha impedido abusos de esta magnitud, hay que comprometerse a hallar unos mecanismos eficaces y asumibles. A diferencia del mundo anglosajón, las sociedades del sur de Europa pecan de responder a viejos escándalos con nuevas leyes –aunque se sepa que son de difícil cumplimiento–. Si el protocolo del 2006 no sirve, es momento de sincerarse y consensuar nuevas medidas que sí corten los abusos. El progreso de una sociedad se mide por el grado de protección a sus miembros más vulnerables.
Del silencio no se puede pasar al linchamiento ruidoso de instituciones educativas ni a la satanización de colectivos. Sí, en cambio, cabe exigirles un cambio en las mentalidades: quienes merecen comprensión e indulgencia no son los agresores sexuales, son las víctimas, los menores. Las revelaciones denotan un sistema que, sin tener mala fe, parecía más interesado en quitar importancia a los abusos que en sacarlos a la luz y castigar a los culpables.
Tampoco parece muy acertado que los centros concertados no tengan las mismas obligaciones en esta cuestión que la escuela pública, como ayer constató el Síndic de Greuges. “El departamento es responsable de hacer cumplirlo (el protocolo del 2006) en los centros educativos”. Sin excepciones. Los abusos sexuales a menores son uno de esos temas que cohesionan a la sociedad. Esta unanimidad e indignación obliga a un examen de conciencia con su correspondiente traducción en medidas eficaces y una mayor concienciación de las partes. Que las nuevas medidas corran mejor suerte que las tomadas hace diez años por la tragedia de la niña Alba.