Propósito de enmienda
El Síndic exige a las administraciones que reaccionen de una vez a los abusos
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, dio ayer una contundente reprimenda a todas las instituciones que deben velar por la protección de los menores por no haber actuado con “suficiente convicción” en la prevención y actuación frente a los abusos infantiles. “En este caso –dijo refiriéndose al colegio de los Maristas– ha fallado estrepitosamente la aplicación del protocolo del 2006” que fue impulsado por el propio Síndic a raíz del caso Alba. Ni la escuela, ni la Fiscalía, ni los Mossos, ni Ensenyament siguieron las directrices del reglamento firmado por estas mismas instituciones
LAS INEFICACIAS Ninguna institución conocía el protocolo del 2006 y nunca se llegó a activar
en el 2011 pues no se informaron de la sospecha de abusos desprotegiendo al menor que los verbalizó entonces.
Este fue el análisis posterior a la reunión que el Síndic mantuvo en su propia sede con todas las partes firmantes del mencionado protocolo de prevención y actuación frente al maltrato infantil y el abuso sexual. Así, asistieron la consellera de Ensenyament, Meritxell Ruiz, junto a representantes de los departamentos de Interior, Justícia, Treball, Afers Socials i Famílies y Salut, además de la Fiscalía de Menores, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y la delegación del Gobierno en Catalunya. Todas estas partes volverán a reunirse el 17 de marzo para poner sobre la mesa sus propuestas de actuación. Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona también se pronunció ayer sobre la actuación del colegio de los Maristas Sants-Les Corts en el 2011 y exigió a Ensenyament que se les retire el concierto económico si se demuestra que incumplieron el protocolo del 2006. Además anunciaron que estudiarán personarse, a través del Consorci d’Educació, en la causa judicial a favor de les víctimas.
El Síndic propone, con inde- pendencia de la actuación judicial en curso y del expediente abierto por Ensenyament al colegio, que se revise la actuación de la escuela de los Maristas SantsLes Corts y se adopten medidas para averiguar si existen más ca-
MARISTAS El Ayuntamiento pide que se retire el concierto si la escuela incumplió el protocolo
sos de alumnos afectados y se les ofrezca de inmediato asesoramiento y asistencia psicológica. “La escuela ocultó información a los Mossos sobre el sospechoso” y “no nos consta que informara de la confesión del acusado”, señaló.
Asimismo, Ribó exige más difusión del protocolo ya que ni la escuela, ni los Mossos, ni la Fiscalía ni el juez alertaron, como era su obligación, a Ensenya- ment y a la dirección general de Atenció a l’Infància (Dgaia) que podrían haber velado por la víctima. “La verbalización del chico era suficiente sospecha para activar el protocolo”, afirmó. Pero nadie parecía conocerlo. En este sentido exigió a Ensenyament y Benestar Social la garantía de que el documento de actuación frente a los abusos sería conocido por todas las partes y, en concreto, en todas las escuelas sin excepción “pues es inaceptable que se escondan detrás del carácter concertado de la escuela para quedarse fuera de cumplimiento”. También recomienda que se forme a los profesionales con un profesor de referencia especializado en derechos de los niños, indicadores de riesgo y protección de menores. La formación incluye también al alumnado que debe recibir información sobre estos riesgos.
Además de difusión y formación, el Defensor pide vigilancia sobre la aplicación del protocolo, con la implicación de la inspección educativa. Bajo su punto de vista, Ensenyament no puede limitarse a informar sino que debe tener garantías de que las escuelas conocen el protocolo del 2006 y el que se derivó de éste, firmado entre Benestar Social y Ensenyament, en el 2012, y velar por su cumplimiento. “El departamento es el responsable de hacerlo cumplir en los centros educativos”, añadió.
Todas las escuelas deberían saber cómo dirigirse a la Fiscalía, la Dgaia y el Síndic cuando sospechan de una agresión sexual. Según la ley de la Infancia del 2010 debía haberse creado un servicio de atención especializado dirigido a aquellas personas víctimas de agresiones sexuales. Ello permitiría mejorar la gestión y la coordinación interdepartamental. “Hay que activar –dijo– todo lo necesario para prevenir, descubrir y actuar frente a los abusos primando el bien superior del menor”. Y en este objetivo ha fallado el Govern en su conjunto, por su inacción y por su falta de coordinación. No obstante, Rafael Ribó informó de las diligencias al presidente de la Generalitat, al que vio el pasado lunes por otro motivo. “Me escuchó con atención –manifestó– y percibí confianza en que el Govern tomará las decisiones adecuadas”.