Abengoa, en el filo
Tras ganar siete meses de prórroga en marzo, el plan de rescate prevé un segundo acuerdo de refinanciación inmediato que la ley no permite
La multinacional andaluza ha logrado superar la quiebra, pero todavía le queda un largo y peligroso camino para superar su crisis financiera.
El pasado 28 de marzo, Abengoa logró evitar el que hubiera sido el mayor concurso de acreedores de la historia de España, con deudas de unos 25.000 millones de euros y el más que probable desguace consiguiente, con la pérdida de una empresa emblemática y de decenas de miles de empleos. El grupo sevillano de ingeniería y energías renovables, que a finales de noviembre del 2015 presentó preconcurso de acreedores, llevó ese día a los juzgados de Sevilla un acuerdo de refinanciación con el apoyo del 75% de los acreedores financieros. Su contenido se reducía a un solo punto: una prórroga (standstill, en la jerga) de siete meses para formalizar el plan de rescate acordado previamente con los bancos y los tenedores de bonos.
El juez mercantil 2 de Sevilla admitió a trámite ese mismo día la solicitud de homologación del acuerdo y lo aprobó enseguida, el 6 de abril. Si no hay impugnaciones –los acreedores dispondrán de 15 días hábiles desde que se publique en el BOE y en el Registro Público Concursal, algo que aún no ha sucedido–, el acuerdo de refinanciación será firme previsiblemente dentro de un mes o dos. La idea de la empresa era aprovechar estas semanas –las de abril y mayo– para negociar los múltiples flecos pendientes con los acreedores, poner negro sobre blanco en los contratos y adentrarse en junio con el nuevo acuerdo de refinanciación listo para volver a recabar la adhesión de los acreedores y ratificarlo todo en una junta de accionistas que se celebraría antes del verano. Y en eso está.
Pero este proceso puede encontrarse con una dificultad importante: la imposibilidad de homologar el nuevo acuerdo de refinanciación a corto plazo. La ley concursal es muy clara en lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación: “Solicitada una homologación [judicial] no podrá solicitarse otra por el mismo deudor en el plazo de un año”, dice el punto 12.º de la disposición adicional cuarta de la citada norma. El juez homologó el acuerdo de refinanciación de Abengoa el pasado 6 de abril, con lo que, en el supuesto más favorable para la empresa –que se tenga en cuenta esa fecha y no la del día en el que sea firme la homologación–, no podría repetir este procedimiento al menos hasta el 6 de abril del 2017.
No es una cuestión menor, porque la segunda homologación judicial es imprescindible para el reflotamiento de la empresa. En primer lugar, porque necesita “arrastrar” a los acreedores financieros disidentes –los que no estén dispuestos a las quitas y a capitalizar su deuda– y hacerles pasar por las mismas condiciones de la reestructuración financiera ya asumida por la mayoría. Si el sacrificio no lo hacen todos, se complicaría la situación por los agravios comparativos y el plan de rescate haría aguas al alterar tanto el balance resultante del grupo como los objetivos de rentabilidad. Además, la homologación del acuerdo de refinanciación es fundamental porque otorga seguridad jurídica al deudor –Abengoa– al convertirse por la bendición judicial en un acto jurídico irrescindible.
Con todo, la empresa, asesorada en este proceso por Cortés Abogados, confía en completar el plan de rescate en los plazos y de la forma prevista. Abengoa entiende que la norma que le impide presentar para su homologación un segundo acuerdo de refinanciación unos pocos meses después del primero habría que interpretarla en un sentido laxo. Es decir, pensando en el espíritu de una norma que, en efecto, busca salvar a las empresas altamente endeudadas que puedan ser viables. En cualquier caso, eso es algo que deberá decidir el juez.
Si se permite la segunda homologación, Abengoa lo tendrá mucho más fácil para dejar atrás sus desequilibrios actuales, recapitalizarse y resurgir de sus cenizas. En caso contrario, la compañía aún podría intentar llegar como sea a finales de noviembre y acogerse a un nuevo preconcurso de acreedores... doce meses después del ya presentado en noviembre del 2015. Con esa protección judicial, Abengoa ganaría tiempo para llegar a abril del 2017, cuando, entonces sí, podría homologar sin duda el acuerdo de refinanciación.
Con todo, este camino, que la empresa no prevé, estaría repleto de dificultades porque retrasaría el plan de recapitalización de Abengoa y obligaría a la empresa a pedir nuevas líneas de financiación a los bancos. En definitiva, si el grupo sevillano quiere aclarar su futuro precisará de una interpretación muy favorable de la ley. En su favor está la importancia de la empresa y algún precedente, como el de la catalana Abantia, que homologó sendos acuerdos de refinanciación en menos de un año. Por el contrario, la empresa tiene en contra la literalidad de la ley. La solución, en un par de meses.
La empresa cree que el juez será flexible y homologará de nuevo la refinanciación para así salvar a Abengoa