El Registro de Pasajeros Aéreos
LAS necesidades crecientes de información para afrontar con éxito la lucha contra el terrorismo ponen siempre a prueba el difícil equilibrio entre la seguridad y la libertad personal. Los brutales atentados sufridos recientemente en París y Bruselas han sido determinantes para que en Europa se haya dado un paso más en favor de la seguridad. Este es el caso del Registro de Pasajeros Aéreos (Passenger Name Record, PNR, en inglés), que el Parlamento Europeo ha aprobado esta semana tras cinco años de intensos debates.
Los partidos europeos (izquierda y liberales) que hasta ahora se habían opuesto a la creación de dicho registro, que obliga a las compañías aéreas a proporcionar a las autoridades nacionales hasta diecinueve datos de todos los pasajeros que hagan una reserva de vuelo, tienen razón cuando argumentan que eso supone una importante restricción a las libertades personales en el marco de cualquier Estado de derecho. Pero parece mucho más importante la ayuda que todos esos datos pueden proporcionar a los servicios policiales para detectar la presencia y los movimientos de posibles sospechosos de terrorismo y, en consecuencia, poder prevenir posibles atentados. El citado registro no es un instrumento perfecto, ya que entre otras cosas dependerá de la eficacia de su utilización, pero sin duda constituye un instrumento imprescindible para mejorar la seguridad del conjunto de los ciudadanos. Este es el criterio que finalmente se ha impuesto mayoritariamente en el Parlamento Europeo con 461 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones.
La aprobación del PNR constituye una importante respuesta común europea contra el terrorismo y el crimen organizado. No habrá, sin embargo, un gran registro europeo central. Cada país deberá crear su propia unidad nacional de información, que recibirá y analizará los datos recibidos de las compañías aéreas, desde el nombre y los números de las tarjetas de crédito hasta los destinos y procedencias, y asumirá la responsabilidad de compartir sus análisis con el resto de los estados miembros. Esta manera dividida de funcionar puede restar eficacia al tratamiento global de los datos.
Junto a la creación del citado registro, los eurodiputados han aprobado también normas adicionales para buscar la máxima garantía sobre la confidencialidad y la protección de los datos. En este sentido se obliga a los estados miembros a cumplir una serie de estrictas condiciones para que la información sea utilizada exclusivamente con fines policiales y judiciales. En suma, se ha intentado buscar el máximo equilibrio entre seguridad y libertad.