La Fira de Barcelona se blinda
La entidad logra evitar tener que depender del Ayuntamiento o la Generalitat
A principios de este año, un alto cargo del área de gerencia del Ayuntamiento de Barcelona que dirige Jordi Martí se puso en contacto con la Fira de Barcelona, cuyo consejo de administración encabeza Josep Lluís Bonet, presidente a su vez de Freixenet, para informarse acerca de cómo se iba a adaptar el consorcio a la normativa estatal que obliga a entes como la feria, resultado de una asociación entre administraciones públicas, a adscribirse a una de ellas. Es decir, a quedar bajo la tutela de una sola administración y a adaptar a ella sus presupuestos y salarios en lugar de mantener una vida independiente o de equilibrio entre varias.
Obviamente, en el Ayuntamiento pensaban que, en caso de tener que adscribirse, la administración municipal debía ser la de referencia. La Fira es una referencia de la ciudad, también de la economía catalana, que genera un movimiento anual superior a los 2.000 millones de euros y un volumen, directo e indirecto, de unos 40.000 empleos. De hecho, Barcelona fue su entidad fundadora. Y el propio equipo de la alcaldesa Ada Colau, que preside el consejo general de la entidad, al poco de acceder al Consistorio, había anticipado su interés en negociar un cambio en la composición de sus órganos de gestión. No obstante, fuentes de la Administración municipal han asegurado que no plantean ningún cambio en el estatus de la Fira.
Una hipotética adscripción al municipio no habría sido compartida por la Generalitat, la otra administración implicada, a través de la Conselleria d’Empresa i Coneixement que dirige Jordi Baiget, pese a que en todo este proceso no ha intervenido ni ha dado muestras de estar al tanto del dilema legal. Entre los responsables de la Fira cundió la preocupación a que en caso de imponerse el rígido criterio de la ley pudieran desembocar, como sucedió en el pasado antes de la refundación del año 2000, en una pugna entre administraciones de colores diferentes por su control. Empresarios y administraciones realizan un balance positivo de la Fira durante los últimos años, desde el año 2000, con la incorporación de la Generalitat y la elaboración de los nuevos estatutos que equilibran el poder del Ayuntamiento, la Generalitat y la Cambra.
Fira de Barcelona es un consorcio que, según sus estatutos, “combina la titularidad pública con la gestión empresarial autónoma”. Las dos administraciones presentes son el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. El tercer socio es la Cambra de Comerç de Barcelona. La gestión empresarial autónoma se materializa a través de un consejo de administración formado por empresarios propuestos por el presidente de la Cambra, hasta ahora Miquel Valls, pero que deben ser elegidos por unanimidad de las tres partes. El alambicado proceso de decisión por forzoso consenso, que se extiende a los asuntos fundamentales, es la base de la independencia política de la Fira, sostienen los defensores del modelo.
Al poco de llegar al Gobierno, el PP modificó una parte de la legislación sobre el funcionamiento del sector público. La obsesión de combatir el déficit llevó al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que pilota Cristóbal Montoro, a introducir cambios en el régimen de los consorcios públicos, considerados un instrumento para centrifugar deuda y contratar personal de forma indiscriminada, con la pretensión de reducirlos a la mínima expresión.
La norma en cuestión, de diciembre del 2013 y con un largo plazo de adaptación, obliga a los consorcios a adscribirse a una de las administraciones que forman parte de ellos y a estar “sujetos al régimen de presupuestación (sic), contabilidad y control de la administración pública a la que están adscritos”, además de que deberán formar parte de sus presupuestos e incluirse en sus cuentas. Pero incluso aún más trascendente que el punto anterior es que “el personal de servicio de los consorcios podrá ser funcionario o laboral procedente exclusivamente de una reasignación de puestos de trabajo de las administraciones participantes, su régimen jurídico será el de la administración pública de adscripción, y sus retribuciones en ningún caso podrán superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aquella”. Es decir, conllevaría la extinción de los contratos actualmente vigentes en la Fira, la marcha del equipo ejecutivo y la incorporación
CAMBIO LEGAL Una norma obliga a los consorcios a elegir administración de referencia NEGOCIACIÓN El secretario de la entidad ha negociado con Montoro acogerse a una excepción
ESTRUCTURA La Fira combina la titularidad pública con la gestión empresarial autónoma
de funcionarios, municipales si fuera el Ayuntamiento la entidad tutora o de la Generalitat en la otra opción.
La Fira no es una centrifugadora de deuda ni una puerta secreta para la contratación de personal por cuenta de las administraciones. No depende de financiación público regular y paga un canon por el uso de los activos feriales, pabellones y salones, que son de titularidad pública.
Con ese criterio, la Fira ha negociado, a través de su secretario general, Ignacio Toda, durante varios meses con el ministerio de Montoro hasta acogerse a una exigente y puntillosa excepción recogida en una disposición adicional de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que permite a aquellos consorcios que se crearon antes de esa nueva norma, que además no se integren en la contabilización del déficit público y que también tengan participación privada (Cambra de Comerç), que asimismo no hayan tenido pérdidas durante dos ejercicios consecutivos y que además no reciban subvenciones públicas, seguir rigiéndose por lo que digan sus estatutos. Una vez pactado el reconocimiento con el ministerio, los responsables de la Fira comunicaron al Ayuntamiento que no iba a haber cambios en el funcionamiento de la entidad ferial. El modelo, pues, se mantiene.