Mossos condenados, pero no expulsados.
El pacto fija condenas de dos años que impedirán que los agentes tengan que entrar en prisión y no abandonarán el cuerpo policial
Defensa y acusación pactan penas de sólo dos años –no irán a prisión– para seis mossos que aceptaron haber reducido “de forma excesiva y desproporcionada” a Juan Andrés Benítez, muerto en el 2013.
Uno de los amigos de Juan Andrés Benítez, el hombre que murió después de una reducción de los mossos d’Esquadra, lloraba ayer desconsoladamente tras asistir a la lectura del pacto de conformidad sellado entre las defensas y las acusaciones y que frustró la celebración del juicio. En la puerta de la sala se desgañitaba indignado porque se acabaran de imponer penas menores a los agentes acusados que los dejaban fuera de la cárcel.
El juez, con ese acuerdo, condenó a los seis mossos que participaron en las maniobras de reducción a Juan Andrés Benítez a una pena de dos años de prisión por homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral. La Fiscalía les pedía 11 años de cárcel.
Los agentes aceptaron su culpabilidad a cambio de no ingresar en prisión. Durante esos dos años quedarán suspendidos de empleo y sueldo, y cuando vuelvan a enfundarse un uniforme de policía tienen prohibido patrullar durante cinco años. Una de las peculiaridades que contiene el pacto es que se han impuesto a los agentes dos medidas novedosas. Tienen vetado acercarse a menos de un kilómetro del barrio del Raval de Barcelona, donde sucedieron los hechos, y, por otra parte, deberán hacer un curso de derechos humanos.
En la sala de la Audiencia donde debía celebrarse el juicio y que sólo sirvió para ratificar el pacto, los agentes se fueron levantando uno por uno del banquillo de los acusados para decir que “sí” reconocían los hechos y aceptaban las penas. Con ese monosílabo admitían que el 5 de octubre del 2013 detuvieron a Benítez “de forma excesiva, desproporcionada, tanto en la duración temporal como en el número de mossos intervinientes” y que “le provocaron un estado de estrés, que, unido a los golpes, puñetazos, patadas diversas que le propinaron, y el uso de porra o defensa policial en posición horizontal, llevaron a aquél a un estado de inconsciencia y parada cardiorrespiratoria”.
Los otros dos policías acusados fueron condenados a tres meses de cárcel por encubrimiento. Uno tiró una botella de agua para borrar el charco de sangre que quedó en la calle tras la actuación policial y otra subió a un primer piso para que una vecina suprimiera las fotos que había hecho de la reducción policial. Su pena quedará suspendida si asisten al mismo curso de derechos humanos.
Además, para reparar el daño, la Generalitat pagará 150.000 euros a la hermana de Benítez y se compro- metió a “revisar los protocolos de reducción de personas alteradas”.
La cuestión es que el miedo a perder el juicio hizo rebajar las pretensiones de todas las partes, tanto de defensa como de las acusaciones. Los abogados de los mossos admitieron que la imprevisibilidad que conllevaba enfrentarse a un jurado popular en un juicio significaba correr demasiado riesgo.
El letrado de cuatro de los agentes acusados, José María FusterFabra, proclamó la inocencia de sus clientes: “Moralmente los mossos saben que actuaron correctamente y siguiendo los protocolos vigentes”, pero aseguró que durante las negociaciones del pacto “hemos tenido que ceder porque teníamos dos líneas rojas: el ingreso en prisión y la expulsión permanente del cuerpo, y lo hemos conseguido. Estamos satisfechos”.
Pero la realidad quedaba lejos de la satisfacción. Dos de los agentes se
Los policías deberán estar cinco años sin patrullar y tienen prohibido acercarse al barrio del Raval “Moralmente los mossos saben que actuaron cumpliendo los protocolos”, dijo el abogado defensor
resistieron a aceptar el pacto hasta última hora y querían luchar por su inocencia. Además, los representantes sindicales de los Mossos d’Esquadra, que a lo largo de todo el proceso judicial han proclamado insistentemente la inocencia de los agentes, fruncían el ceño como diciendo que no tenían más remedio.
Pero lo que posibilitó el pacto fue el papel que tuvo la Asociación de Derechos Humanos, que desde hacía meses estuvo torpedeando el acuerdo que tiempo atrás tenían pactado las otras partes. Sin embargo, ayer, de un modo sorpresivo, se sumó al pacto. El miedo a perder el juicio también se impuso. “Es injusto porque no se hace una reparación plena, pero nosotros hemos pensado que valía la pena asegurar la no impunidad”, dijo el abogado de la entidad, Àlex Solà. La condición que siempre habían exigido era la expulsión permanente del cuerpo de los seis mossos, pero rebajaron sus pretensiones. “Hemos apartado a los agentes del servicio siete años”, manifestó.
Por eso, también lloraba ayer el amigo de Benítez, resignado, porque confiaba en que la asociación se mantendría firme y propiciaría la celebración del juicio. Cien personas expresaron ese mismo sentimiento, por la tarde, en una concentración en el Raval.