Un juez ordena la exhumación de dos fusilados en el Valle de los Caídos
Se trata de la primera medida que autoriza recuperar restos en ese columbario
El juez de San Lorenzo de El Escorial José Manuel Delgado Seoane ha dictado una resolución en la que ordena que sean exhumados en el Valle de los Caídos los restos de dos fusilados durante la Guerra Civil, para ser entregados a sus familiares. El camino que les ha llevado a estos descendientes a obtener su propósito ha sido una iniciativa planteada en vía civil, respondida positivamente por el magistrado, cuya decisión no es susceptible de recurso.
La reclamación de los restos partió de una nieta de ambos fusilados, uno de los cuales era miembro de la CNT. Ambos fueron pasados por las armas en Calatayud en 1936, sin que conste la celebración de ningún tipo de juicio previo. La resolución judicial ordena que se acceda ahora a la petición formulada por dicha familiar, Purificación Lapeña. Los restos buscados corresponden a su abuelo y su tío abuelo, Manuel y Antonio Ramino Lapeña Altabás, ejecutados en la citada localidad zaragozana y cuyos cadáveres fueron trasladados posteriormente hasta el Valle de los Caídos.
El juez subraya en su resolución que “el derecho a una sepultura digna está indisolublemente unido a la dignidad propio de todo ser humano, con independencia de la forma en que falleció”. El auto acuerda que se inscriba en un registro público que Manuel Lapeña, fundador de la CNT de Calatayud, desaparecido el 27 de julio de 1936 y con acta de defunción del 14 de agosto de ese año, fue fusilado por las autoridades en el barranco de La Bartolina y enterrado en una fosa común, “sin que conste juicio con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos, con carácter legítimo”. También expone que su hermano Antonio Ramiro, tras ocultarse durante unos meses, se entregó en octubre de 1936, y fue fusilado el día 20 de de dicho mes y año junto a la tapia del cementerio municipal de Calatayud. Sus restos fueron enterrados en una fosa común, sin que tampoco conste que tuviera lugar juicio alguno con condena a pena de muerte conforme legislación vigente en el momento de los hechos. La resolución añade que existe una “alta probabilidad” de que los restos de ambos se encuentren en los columbarios comprendidos entre el 2061 y 2069 de la cripta principal, por lo que entiende que la “única forma de acreditarlo” es realizando pruebas de ADN.
En su decisión de acceder a la pretensión de las familias, el magistrado ha tenido en cuenta la imposibilidad legal de acudir a la vía penal para “garantizar el derecho de los familiares de las víctimas a la entrega de los restos cadavéricos”. Por otra parte, el juez se apoya en el hecho de que la Fiscalía no se haya opuesto a la medida. No obstante, el fiscal pidió que se tuvieran en cuenta las “dificultades” y la “insuficiencia de datos” que permitan constatar con “certeza” el lugar de enterramiento de las víctimas, puesto que los 81 cuerpos trasladados desde Calatayud eran de personas de identidad desconocida.
El magistrado, en cambio, ha considerado “verosímil” el testimonio de la familia, descartando que los cuerpos quedaran en la ciudad aragonesa. También subraya que “sólo se procederá a la entrega de restos cadavéricos una vez identificados por medio de la prueba de los indicadores del ADN”. El auto, que es firme, valora el criterio del Tribunal Supremo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la jurisdicción civil para defender que los familiares
JOSÉ MARÍA BRUNET El magistrado pide que se acredite la identidad de los fusilados mediante pruebas de ADN
de las víctimas tienen derecho a pedir su identificación, regularizar su situación y darles una sepultura digna, lo que supone la entrega de los restos cadavéricos. Y no repara en medios en cuanto a la argumentación de los aspectos procesales de la decisión, remontándose a textos básicos de la historia del Derecho, como el Digesto y las Partidas de Alfonso X el Sabio.
Todos los partidos y asociaciones de víctimas del franquismo acogieron con satisfacción la decisión judicial. Paralelamente, la Audiencia Nacional condenó ayer a un año y medio de prisión a Txomin Mirena, ciudadano que se conformó con esta pena y que en su cuenta de Facebook elogió a ETA y pidió bombardear el Valle de los Caídos “con todos aquellos que lo defienden, dentro”.