Oenegés y ONU piden a Kenia que no cierre los campos de refugiados
El sector humanitario advierte que el cierre de los campos de refugiados de Dadaab y Kakuma, anunciado el pasado viernes por el Gobierno de Kenia, pondría en riesgo la vida de miles de somalíes y sursudaneses. Actualmente, Dadaab y Kakuma y otros pequeños asentamientos albergan a unas 600.000 personas, la mayoría procedentes de Somalia y, en menor medida, de Sudán del Sur, que huyeron de sus países tras años de guerra e inseguridad.
Dadaab es el complejo de este tipo más grande del mundo, a punto de cumplir 25 años, y en el que viven tres y hasta cuatro generaciones de familias somalíes que descartan regresar a sus pueblos de origen por miedo a la violencia. Fruto del acuerdo suscrito en noviembre del 2013 entre Kenia, Somalia y la Agencia de la ONU para los Refugiados, Acnur, en el último año sólo 5.500 somalíes han retornado voluntariamente a su país, en concre- to a Mogadiscio, Baidoa y Kismaayo. “Después de dos décadas de inestabilidad, a lo que hay que añadir las consecuencias de las condiciones climáticas adversas, es más urgente que nunca sumar esfuerzos para buscar soluciones a largo plazo, tanto para los 900.000 somalíes acogidos en la región, en su mayoría en Kenia, como para el millón de desplazados dentro de su país”, indican fuentes de Acnur.
Dadaab aloja a 350.000 personas, la mayoría somalíes, y Kakuma, 180.000, de los cuales 90.000 pro- ceden de Sudán del Sur, 55.000 de Somalia, 7.600 de Etiopía y 10.000 de Sudán, entre otras nacionalidades. En Nairobi y alrededores malviven otros 62.000. Kenia ya exigió la clausura de estas infraestructuras gestionadas por Acnur en abril del 2015, después del asalto de la milicia yihadista somalí Al Shabab a la Universidad de Garissa, que acabó con la muerte de 147 personas. El Gobierno de Nairobi considera que Dadaab ya no es lo que era y que desde hace unos años es utilizado por Al Shabab como base para perpetrar sus ataques en Kenia.
Karanja Kibicho, secretario de Interior, indicó el viernes que ya habían dado el primer paso con la supresión del departamento de Asuntos para los Refugiados y que ahora estudian los mecanismos pa- ra proceder al desmantelamiento de Daadab y Kakuma y proteger la seguridad y los medios de vida (el terrorismo aleja al turismo) de la población. Asimismo, instaba a Acnur y al sector humanitario en general a emprender el proceso de repatriación de la manera “más humana posible”.
La reacción de organizaciones como Acnur, MSF o Amnistía Internacional a la decisión de Kenia no se ha hecho esperar. Liesbeth Aelbrecht, coordinadora de MSF en Kenia, subraya que el cierre de Dadaab “pondrá en riesgo las vidas de los somalíes, obligados a volver a un país desgarrado por la guerra y con un mínimo acceso a la asistencia médica”. Y AI alerta de que “el regreso forzado a situaciones de persecución no es una opción”.
ROSA M. BOSCH